“¡Matadlos a todos!” o la cruenta política de Duterte hacia las personas defensoras de los derechos humanos

Diagnóstico sobre las violaciones masivas de los derechos humanos en Filipinas

“¡Matadlos a todos!” o la cruenta política de Duterte hacia las personas defensoras de los derechos humanos

Diagnóstico sobre las violaciones masivas de los derechos humanos en Filipinas

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I. Introducción

Génesis de este proyecto, ¿por qué un diagnóstico sobre las defensoras de los derechos humanos en Filipinas?

La República de Filipinas es un país muy desconocido, debido a su lejanía, tanto geográfica como histórica y política. No está muy presente en los medios de comunicación, donde generalmente sólo aparece para informar de las trágicas consecuencias de un tifón, o para evocar las playas de ensueño y otras oportunidades turísticas. Por tanto, lógicamente no está, o apenas, en el radar de las instituciones y organizaciones no gubernamentales o entidades de política y cooperación internacional y en pocas ocasiones se asocia con la persecución y las violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, actualmente es uno de los países más duros en cuanto a la represión de todas las voces discordantes, donde la persecución es más severa y los abusos contra las personas defensoras son masivos.

Según datos recogidos por la ONG GlobalWitness, Filipinas es el segundo país del mundo con mayor número de defensoras del medio ambiente perseguidas: al menos 43 de ellas fueron asesinadas en 2019; en 2020, más de la mitad de las defensoras asesinadas en el país eran opositoras a proyectos de construcción de presas, deforestación e industrias mineras; y desde que Rodrigo Duterte llegó al poder en 2016, 166 defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en Filipinas. Igualmente, varias organizaciones e instituciones internacionales de derechos humanos, destacan las alarmantes cifras, en fuerte aumento, de ataques contra abogados en los últimos años, con al menos 61 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2016 y 2021, más de la mitad de todos los asesinados en el ejercicio de su profesión en el país desde 1977.

La compleja situación que prevalece en este país es el resultado de la combinación de varios factores. Un factor histórico: de ser una antigua colonia española durante más de 300 años, Filipinas obtuvo su independencia en 1898, pero inmediatamente cayó bajo el yugo de Estados Unidos, que desde entonces ha ejercido una dominación en términos políticos, económicos, militares, lingüísticos y culturales, cuyas consecuencias económicas, sociales y culturales siguen siendo muy visibles hoy en día. Además, hay un factor geopolítico directamente relacionado: actualmente, Filipinas está atrapada entre Estados Unidos y China, que mantienen una disputa territorial y una lucha de influencia regional política, cultural y comercial.

Desde el punto de vista geográfico, la topografía insular del país, que cuenta con más de 7.000 islas en total, no facilita las comunicaciones y los desplazamientos, y la gestión pública del territorio se ve muy afectada. Además, existe un factor climático, ya que el país, al ser un archipiélago en latitudes tropicales, está muy expuesto a las dramáticas consecuencias del cambio climático. Por último, en el plano político y social, el legado de las estructuras de poder coloniales y post/neocoloniales suele propiciar regímenes autoritarios y corruptos, que producen desigualdades sociales y pobreza endémica, con sus propias consecuencias, como, en este caso concreto, el tráfico y consumo de drogas y los conflictos armados internos de larga duración.

El infame régimen del comandante Marcos (1972-1986), que impuso la ley marcial en todo el país, es la expresión histórica más emblemática de ello. Las secuelas de las décadas de dictadura pueden verse en todas las profundas disfunciones del gobierno actual.

El mandato de Rodrigo Duterte, que finalizó el pasado mes de mayo 2022, ha dejado al país desamparado. La «guerra contra las drogas», en realidad una persecución general y sistemática de las personas empobrecidas en zonas urbanas y rurales y las franjas más vulnerables de la población, se ha cobrado oficialmente (según el gobierno de Filipinas) 8.663 vidas, pero la mayoría de las entidades y organizaciones de derechos humanos calculan al menos el triple de esa cifra (cifras presentadas en el informe del Consejo de derechos humanos de la ONU publicado por la Alta comisionada Michelle Bachelet en junio de 2020).

La gravedad de la situación llevó a la ex fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), la Sra. Fatou Bensouda, a realizar un examen preliminar de la situación en Filipinas el 8 de febrero de 2018. Sus conclusiones, presentadas el 12 de abril de 2021, establecen que existen «fundamentos suficientes» para considerar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco de la “guerra contra las drogas” entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019. A partir del 24 de mayo de 2021, la fiscal procedió, de acuerdo con el artículo 15 de los Estatutos de Roma, a presentar una petición a la CPI para que se abriera una investigación.

A pesar de que Filipinas se retiró de la CPI en marzo de 2018, sigue siendo competente dado que los hechos ocurrieron antes de la salida del país del sistema judicial internacional. No obstante, Rodrigo Duterte consiguió que se suspendiera temporalmente la investigación, alegando que el sistema judicial nacional está llevando a cabo sus propias investigaciones (actualmente sólo 52 casos están siendo investigados parcialmente por las autoridades judiciales nacionales).

Además, la persecución sistemática de las defensoras de los derechos humanos y, más allá, de cualquier expresión contradictoria con las posiciones del gobierno de Duterte, se lleva a cabo a través del fenómeno de red-tagging, que consiste, por parte de las fuerzas armadas, las unidades paramilitares y las fuerzas policiales, en la estigmatización y el etiquetado público sistemático, como «terroristas», de las personas que expresan críticas o desacuerdos con las políticas actuales, sentando así las bases para que se cometan ataques más graves contra ellas: desde la vigilancia, las amenazas, el acoso, hasta las presiones judiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura e incluso las ejecuciones extrajudiciales. Todo ello se suma a un clima ultra-autoritario, y atestigua un sistema en el que reina la impunidad, con pocas posibilidades de rendir cuentas.

Además, tras las elecciones del 9 de mayo de 2022, en las que ganó el tándem Marcos/Duterte (Bongbong Junior, hijo del ex dictador Ferdinand Marcos, y Sara Duterte, hija del presidente saliente, como vicepresidenta), después de unas elecciones ampliamente desacreditadas por las numerosas irregularidades, se establece la continuidad entre los dos regímenes. La combinación de ambos regímenes no deja lugar a dudas de que la situación de las libertades, los derechos humanos y el estado de derecho se deteriorará aún más en el futuro.

Esta es la observación que nuestras entidades, Associació Catalana per la Pau y International Action for Peace, extraen después de tres años de trabajo sobre Filipinas, con nuestros socios de (Karapatan) en el terreno, durante los cuales nos hemos centrado especialmente en la situación de las defensoras de los derechos humanos, estableciendo siempre un vínculo directo con el contexto político y social. A esta constatación se une otra: un importante desconocimiento por parte de nuestros interlocutores institucionales y asociativos, en Europa, España y Cataluña en particular, donde tenemos nuestra sede, de la grave situación de los derechos humanos en Filipinas. Por ello, hemos decidido reunir nuestros -todavía escasos- conocimientos y análisis, y proponer nuestra contribución colectiva a través de este informe, con el fin de aportar contexto y análisis a nuestros interlocutores. Esperamos animar a las entidades interesadas a unir sus esfuerzos y su solidaridad, y a crear una red fuerte y eficaz de cooperación y de trabajo de educación para el desarrollo sobre Filipinas.

Metodología

Nuestro objetivo es ¡poner a Filipinas en el mapa! En el mapa geográfico y político, y en particular a través del prisma de los derechos humanos y de la muy problemática situación de las defensoras. Más allá de las experiencias vitales y los traumas individuales, este informe pretende trascender el caso por caso y mostrar el carácter sistémico de la problemática de las defensoras.

En primer lugar, su dimensión colectiva (no son individuos aislados, sino que forman parte de grupos de personas atacadas por diversas razones, étnicas, políticas, religiosas, por su posición geográfica en zonas ricas en recursos, etc.). En segundo lugar, sus características comunes a pesar de la disparidad de orígenes y contextos: las defensoras están unidas tanto en sus objetivos y modos de lucha como en los riesgos, la violencia y la persecución a los que están sometidas Sin constituir un grupo homogéneo, las defensoras de los derechos humanos forman un conjunto coherente que debe ser entendido como tal y analizado en este sentido. La situación en Filipinas es emblemática respecto a lo que significa ser una persona defensora de los derechos humanos a escala mundial y, sobre todo, representativa de lo que supone el derecho a defender todos los derechos, para todas las personas, en cualquier lugar del planeta.

Concebido inicialmente como un diagnóstico conjunto de la Associació Catalana per la Pau, International Action for Peace y nuestros socios de Karapatan sobre el terreno, la pandemia y la consecuente imposibilidad de viajar y visitar el terreno nos llevaron a revisar los objetivos, la metodología y el formato.

Optamos por trabajar uniendo varias voces: las de nuestros socios de Karapatan, y en particular las de sus organizaciones miembros NUPL (National Union of People’s Lawyers) y UPLM (Union of People’s Lawyers in Mindanao), así como las de las defensoras en terreno, y las de los equipos de la Associació Catalana per la Pau y de International Action for Peace, con la contribución de nuestros socios de Viva Salud, en Bélgica, también socios de Karapatan desde hace tiempo. Además, pudimos recoger los testimonios de las integrantes de dos delegaciones de defensoras filipinas en el exilio en Europa (España, Bélgica, Alemania, Holanda) que recibimos en Barcelona en febrero y mayo de 2022, en representación de diferentes organizaciones de derechos humanos en Filipinas y en Europa.

Con un enfoque de derechos humanos, este proyecto pretende entonces ofrecer una visión panorámica de la situación de Filipinas, de los derechos humanos, y especialmente de las personas defensoras de los derechos humanos, durante la legislatura de Rodrigo Duterte y proporcionar algunas perspectivas sobre la secuencia que se abre, bajo el mandato de Marcos Jr. y Sara Duterte.

Más que un informe, este proyecto pretende ser una fuente de información tanto del terreno como de instituciones internacionales como el Parlamento Europeo o el Consejo de derechos humanos de la ONU, y convertirse en una referencia sobre Filipinas para nuestros interlocutores. En forma de micro web, incluye numerosas fuentes, enlaces y documentos relacionados con la situación de los derechos humanos en general, y de las defensoras en particular. Sin pretender ser exhaustivas, esperamos proporcionar información relevante para una mejor comprensión de este país, su historia, su geografía, sus actores políticos y sociales. Naturalmente, este proyecto está destinado a ser actualizado y completado regularmente. Esperamos que sea útil.

Agradecimientos

La Associació Catalana per la Pau e International Action for Peace, queremos agradecer calurosamente a nuestros socios de Karapatan, NUPL (National Union of People’s Lawyers) /UPLM (Union of People’s Lawyers in Mindanao) y a todas las defensoras de los derechos humanos, tanto en Filipinas como en el exilio debido a la persecución, que colaboraron y dieron su tiempo y energía para visitarnos y hablar con nosotras, para compartir sus experiencias.

Estamos muy agradecidas a Viva Salud por su valiosa contribución.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en el marco del Programa «Promovemos los ODS, defendemos a las defensoras».

II. Breve historia y revisión política

La dictadura de Marcos y la ley militar

La dictadura de Marcos (1965-1986) duró 21 años, 14 de ellos bajo la ley marcial. Ferdinand Marcos, padre, fue presidente durante dos mandatos, primero en 1965 y luego en 1969. Según la antigua Constitución filipina de 1935, el mandato de un presidente dura cuatro años, y puede ser elegido para dos mandatos consecutivos.

En lugar de renunciar a su mandato en 1973, Marcos padre hizo todo lo posible por mantenerse en el poder. Impulsó un cambio constitucional y, más tarde, declaró la ley marcial el 21 de septiembre de 1972. La dictadura de Marcos sólo fue desalojada del poder por un levantamiento popular en 1986, ahora conocido como el Poder Popular de EDSA (EDSA son las siglas de la Avenida Epifanio de los Santos, la principal vía de comunicación de Metro Manila).

Tras ser expulsados de Malacanang, los Marcos huyeron a Hawai. Tres años después, en 1989, Marcos padre murió. Poco después, la familia Marcos regresó a Filipinas en 1991, y allí comenzó su regreso al poder, sobre todo porque la mayor parte de su riqueza mal habida sigue en manos de su esposa Imelda, y de sus hijos, incluido el nuevo presidente Ferdinand «Bongbong» Marcos, Jr. que ganó las elecciones el 9 de mayo de 2022.

La candidatura de Marcos, Jr. a la presidencia se inscribió en una estrategia de rehabilitación política, una absolución de sus crímenes contra el pueblo filipino. Su regreso al poder completa toda la estratagema del revisionismo histórico, presentando a los Marcos como héroes, no como criminales.

Marcos padre impuso la ley marcial el 21 de septiembre de 1972. Todas las órdenes del gobierno provenían del presidente, ya que el Congreso, el Senado y los tribunales, así como el Tribunal Supremo, fueron abolidos. Los militares eran demasiado poderosos, siguiendo órdenes de Marcos padre, las libertades civiles estaban amordazadas y quien criticaba y se oponía a la ley marcial sufría acoso y represión. El pueblo fue silenciado.

Más de 100.000 filipinos fueron víctimas de la ley marcial: asesinados, secuestrados, torturados y encarcelados. Estos atroces crímenes no se denunciaron en su momento porque la dictadura controlaba los medios de comunicación. Se cerraron casi 500 medios de comunicación en todo el país. Los ciudadanos de a pie -jóvenes, trabajadores, agricultores, pescadores, pobres urbanos, mujeres, indígenas, Moros- fueron víctimas de la represión y la violencia. Los activistas y otros críticos del régimen fueron los principales objetivos. Nadie fue castigado ni responsabilizado por las violaciones de los derechos humanos en la época de la ley marcial.

La economía filipina se hundió aún más bajo el régimen de Marcos apoyado por los Estados Unidos. En los primeros años, presumían del crecimiento de la industria y la agricultura, pero con el tiempo, Filipinas se hundió en la deuda, a la vez que el nivel de pobreza de los filipinos se acrecentó aún más.

Bajo el régimen de Marcos se construyeron edificios e infraestructuras, financiados con 50 millones de dólares de deuda externa. Además, Marcos padre gastó mucho en las elecciones de 1969 para ganar un segundo mandato. La familia Marcos y sus compinches también despilfarraron gran parte de la deuda externa en sus lujos. El régimen de Marcos ató a Filipinas a acuerdos asimétricos con el Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo imponiendo bajos aranceles y exportaciones a precios muy baratos.

A consecuencia, la economía se hundió: había escasez de arroz y productos agrícolas. Los precios de los productos básicos subieron y el peso filipino se desplomó frente al dólar. Cada vez más personas abandonaban el país para trabajar en el extranjero (entonces llamados OCWs o trabajadores contratados en el extranjero, ahora OFWs). Desde 1965, unos 18 millones de filipinos vivían por debajo del umbral de la pobreza. En febrero de 1986 se había llegado a los 35 millones. Las corporaciones extranjeras y los compinches de Marcos llevaron a cabo un amplio acaparamiento de las tierras ancestrales y de los campesinos para realizar proyectos en su beneficio.

Hasta la fecha, los filipinos siguen pagando una enorme deuda que alcanzó los 27.000 millones de dólares en 1986. Se calcula que entre 5.000 y 10.000 millones de pesos filipinos fueron a parar a los bolsillos de los Marcos.

Los Marcos acumularon riqueza mientras estaban sentados en el palacio presidencial de Malacañán. Utilizaron su poder para robar y malversar fondos públicos.

Desde 1986, la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno (PCGG) ha recuperado hasta 174.000 millones de pesos en riqueza robada por los Marcos. Los fondos recuperados se han destinado a diversos programas gubernamentales desde el derrocamiento de los Marcos hasta la actualidad. Sin embargo, aún quedan 125.000 millones de pesos filipinos por recuperar.

Los Marcos también depositaron 683 millones de dólares en sus cuentas suizas. Se trata de cuentas con el nombre de cinco fundaciones pertenecientes a los Marcos, cuyos beneficiarios son los hermanos Bongbong, Imee e Irene.

Según el Sandiganbayan, jurisdicción especial que condenó a Imelda Marcos declarándola culpable de siete cargos de injerencia (o robo de fondos del gobierno por interés propio) en 2018, los beneficiarios de las cuentas suizas son Marcos Jr. e Imee. El Tribunal Supremo había declarado anteriormente las cuentas suizas “bien robado” desde 2003, y ordenó que se devolvieran al gobierno filipino como fondos públicos.

La familia Marcos llevó una vida lujosa y pomposa mientras estuvo en el palacio de Malacañán. Aparte del dinero y los fondos que poseían ellos y sus secuaces, los Marcos también amasaron miles de cuadros, e Imelda, miles de ropas, zapatos, bolsos y más accesorios. La fiesta en Malacañán y el despliegue de lujo, estuvieron en pleno apogeo en los tiempos de los Marcos.

Aún quedan 125.000 millones de pesos filipinos por recuperar

III. Panorama político

Filipinas es una república representativa y democrática dirigida por un presidente que es a la vez jefe del Estado y jefe del Gobierno. Los poderes del gobierno se distribuyen equitativamente en tres ramas igualitarias y soberanas, pero interdependientes: el Poder legislativo (el órgano que elabora las leyes), el Ejecutivo (el órgano que las aplica) y el Poder judicial (el órgano que interpreta las leyes). El poder legislativo se reparte entre dos cámaras: el Senado (la cámara alta) y la Cámara de representantes (la cámara baja). El poder ejecutivo lo ejerce el presidente, mientras que el judicial recae en los tribunales de justicia, con el Tribunal Supremo como máximo órgano judicial.

El gobierno filipino se rige por la Constitución de 1987, ratificada y promulgada en febrero de ese año, después de que la dictadura de Ferdinand Marcos padre fuera derrocada por la EDSA en 1986. La actual Constitución es un recordatorio de que, en todo momento, la soberanía reside en el pueblo, del que emana toda la autoridad gubernamental1. Declara que el principal deber del gobierno es servir y proteger al pueblo2 y garantizar sus derechos y la dignidad de cada ciudadano3.

La Constitución de 1987 también expresa en términos inequívocos que Filipinas adopta los principios generalmente aceptados del derecho internacional como parte de la ley del país y se adhiere a la solidaridad y cooperación con otros estados-nación.4 Actualmente, Filipinas es signataria de varios tratados internacionales, como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP), incluido su Segundo protocolo facultativo sobre la abolición de la pena de muerte, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los derechos del Niño.

Como signatario de estos tratados internacionales de derechos humanos, el gobierno filipino se compromete a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de su pueblo, tal y como están consagrados en estos tratados. La cuestión de la calidad del cumplimiento de estas obligaciones depende en gran medida del tipo de liderazgo que actualmente ocupa el poder.

El 30 de junio de 2016, Rodrigo Duterte juró su cargo como 16º presidente de la República de Filipinas. Ocupó dicho cargo durante seis años, es decir, hasta el 30 de junio de 2022. Con la campaña electoral bajo el lema del cambio, que en aquel momento llevó a cabo, los filipinos acogieron su presidencia con grandes esperanzas de mejora. Seis años después, el pueblo se dio cuenta de que todo fue una estafa.

1. Artículo 1, Artículo II, Constitución Filipina de 1987: «Filipinas es un Estado democrático y republicano. La soberanía reside en el pueblo y toda la autoridad gubernamental emana de él».
2.Artículo 4, Ibid: «El deber primordial del Gobierno es servir y proteger al pueblo. El Gobierno puede llamar al pueblo a defender el Estado y, en su cumplimiento, todos los ciudadanos pueden ser requeridos, en las condiciones previstas por la ley, a prestar servicio militar o civil personal».
3.Artículo 11, Ibid: «El Estado valora la dignidad de toda persona humana y garantiza el pleno respeto de los derechos humanos».
4. Artículo 2, Ibid: «Filipinas renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, adopta los principios generalmente aceptados del derecho internacional como parte de la ley del país y se adhiere a la política de paz, igualdad, justicia, libertad, cooperación y amistad con todas las naciones».

Rodrigo Duterte: el comodín

Nacido el 28 de marzo de 1945 en Maasin City, Leyte del Sur, hijo de Vicente Duterte y Soledad Roa, Rodrigo Duterte creció en un ambiente muy marcado por la política.

Vicente Duterte entró en política en la ciudad de Davao y acabó siendo miembro del gabinete del gobierno de Marcos. Curiosamente, Soledad Roa fue una de las líderes del Yellow Friday Movement (Movimiento del Viernes Amarillo) que finalmente condujo a la Revolución del Poder Popular – EDSA en 1986, que derribó la dictadura de Marcos. La historia se encargaría de demostrar hasta qué punto la familia Duterte es la «típica «veleta» en políticas.

Se presentó como cualquier ciudadano de a pie, con sus caquis y su polo a cuadros sin remeter, y utilizando un lenguaje coloquial

Rodrigo Duterte fue a estudiar a la Universidad del Liceo de Filipinas en Manila, donde se licenció en ciencias políticas en 1968. A continuación, cursó derecho en el San Beda College, donde se licenció en 1972. El joven Duterte volvió más tarde a su ciudad natal, Davao, y se incorporó en la Fiscalía, hasta que se convirtió en vicealcalde de la ciudad de Davao en 1986.

Desde entonces, Duterte fue consolidando su papel en la política de Davao. Fue alcalde durante dos mandatos consecutivos y, posteriormente, se presentó y fue elegido diputado en el Congreso por la región de Davao en 1998 hasta 2001. Al terminar su mandato como congresista, regresó a Davao y volvió a ser alcalde de la ciudad, vicealcalde y de nuevo alcalde durante mandatos consecutivos. Sus hijos, Paulo, Sara y Sebastian, seguirían después sus pasos como políticos en la ciudad de Davao. Los Duterte han estado tan inmersos en la política de la ciudad que Davao se ganó el apodo de «La tierra de los Dutertes«.

Davao se enorgullece de ser una de las ciudades más seguras de Filipinas gracias al legado de tolerancia cero de Rodrigo Duterte en materia de drogas y delincuencia. Por ello, él se ganó el apodo de «El Castigador«, e incluso de «Harry Duterte«, del icónico personaje de Harry el Sucio que interpretó Clint Eastwood en la pantalla, a raíz de las denuncias de ejecuciones sumarias que supuestamente cometió el DDS – Escuadrón de la Muerte de Duterte. Por otro lado, Davao también fue catalogada como una de las ciudades con mayor índice de criminalidad, precisamente por la “guerra contra las drogas” de Duterte.

Duterte nunca negó estas acusaciones; al contrario, las aceptó. De hecho, esta estrategia de erradicar las drogas por las buenas o por las malas fue una de las más fuertes propuestas de campaña que lo catapultaron a la Presidencia.

«El cambio está llegando»

Durante su campaña presidencial en 2016, Rodrigo Duterte prometió al pueblo filipino que con él «el cambio” estaba “llegando». Prometió acabar con el tráfico de drogas ilegales en un plazo de 3 a 6 meses, aunque tuviera que matar él mismo a los traficantes. Juró llevar a cabo una política exterior independiente y defender la soberanía nacional, especialmente en el mar de Filipinas occidental, frente a las reivindicaciones de China, aunque tuviera que ir en moto de agua hasta el punto más lejano del territorio marítimo filipino, donde izaría la bandera filipina. Habló de reescribir la Constitución filipina para sustituir la forma de gobierno centralizada por un gobierno de tipo federal, con el fin de hacer frente a la creciente polarización entre los gobiernos locales del campo y la «Manila imperial».

La campaña electoral de Duterte hablaba de justicia social y de acabar con la pobreza generalizada en el país, así como de dar una oportunidad al cambio. Y al presentarse como cualquier ciudadano de a pie, con sus caquis y su polo a cuadros sin remeter, y utilizando un lenguaje coloquial, Duterte logró llegar hasta el Palacio de Malacañán en calidad de presidente de Filipinas.

La celebración de los primeros 100 días de un nuevo gobierno es una tradición muy arraigada en la política filipina, que tiene sus raíces en el sistema estadounidense. Es un periodo en el que el presidente «tradicionalmente disfruta de una especie de luna de miel con sus críticos tradicionales -los medios de comunicación, la oposición política y, en el caso filipino, un liderazgo eclesiástico vigilante», señalaba el difunto escritor Adrian Cristobal en su libro «The Millennium President». Más bien se trata de un periodo de «observación’ para los medios de comunicación, un ‘vamos a probarlo’ de la oposición».

En Filipinas, esta práctica se inició durante el gobierno revolucionario de Corazón Aquino5, que se dirigió a la nación en el centésimo día de su presidencia para evaluar la agenda de su gobierno. Desde entonces, los sucesivos jefes de gobierno filipinos han celebrado su centésimo día de mandato dirigiéndose al público para ofrecer una evaluación de su trayectoria hasta el momento y de la actuación del gobierno.

El presidente Duterte, sin embargo, rompió la tradición y celebró sus primeros 50 días. Al parecer, esta fue una de sus muchas primicias como primer presidente de Filipinas oriundo de Mindanao.

5. Aunque algunas fuentes sugieren que esta práctica ya existía antes de la Ley Marcial y que sólo se reanudó tras la destitución del difunto dictador, Ferdinand Marcos, padre;

Rodrigo Duterte: el presidente «socialista» y «de izquierdas”

En Filipinas, declarar públicamente que alguien es «socialista» o «de izquierdas» es pisar terrenos peligrosos, dada la fuerte propaganda anticomunista del país. Pero Rodrigo Duterte no tenía miedo de nadie, ni de nada. Durante su campaña, se declaró abiertamente como tal, pero negó categóricamente ser comunista. Se enorgullecía de ser uno de los alumnos del profesor José María Sisón, fundador del Partido comunista de Filipinas (CPP), en su época universitaria. Cuando era alcalde de la ciudad de Davao, Duterte mantuvo buenas relaciones diplomáticas con el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), el brazo armado del CPP, de modo que en varias ocasiones los rebeldes liberaron a prisioneros de guerra a su petición. Fue inesperado entonces que una de sus iniciativas fuera reanudar las conversaciones de paz con el CPP y encontrar una solución al conflicto armado que dura ya desde hace 50 años.

Una de las primicias más destacadas del presidente Duterte fue hacer realidad su palabra de reanudar las conversaciones de paz con el CPP y, con ello, la promesa de liberar al menos a 19 presos políticos. Tras años de estancamiento provocado por las mortíferas campañas de contrainsurgencia de las administraciones anteriores, el Gobierno y los comunistas -a través del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDF)- se juntaron de nuevo en la mesa de negociaciones. El orden del día sería abordar las causas profundas del conflicto, empezando por la distribución gratuita de tierras a los que no disponen de ellas.

Cynthia Deduro, representante de Dagsaw Panay Guimaras Indigenous People’s Network

Como gesto de buena voluntad, el presidente Duterte ofreció tres de los puestos de su gabinete en el Departamento de Reforma Agraria (DAR) y el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DWSD), y el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE), y el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) a los líderes progresistas y nacionalistas del movimiento popular que fueran propuestos por el NDF, o que fueran conocidos por ser firmes defensores de los derechos humanos.

Otra de las políticas más populares del presidente Duterte fue la afirmación de una política exterior independiente con la intención de alejarse de décadas de influencia estadounidense y forjar aliados en otros países igualmente poderosos como Rusia y China. Aseguró poner fin a la dependencia de EE.UU. en materia de ayuda militar y desarrollo, y trató de cortar todas las relaciones de dominación ejercidas por los EE.UU. mientras abría nuevas relaciones con otros países.

Con su compromiso de lograr la justicia social, el presidente Duterte tenía en marcha programas para acabar con los contratos precarios de los trabajadores, proporcionar viviendas a los pobres de las zonas urbanas y poner fin definitivamente al chanchullo y la corrupción. Sobre estas bases, sumadas al afán de cambio de la población, el presidente Duterte fue visto como el hombre providencial que acabaría con los problemas sistémicos del país y traería una paz justa y duradera.

Rodrigo Duterte: el castigador

Pero, aquel que parecía ser un auténtico líder de las masas resultó ser uno de los presidentes más despiadados de la historia de Filipinas. Poco después de un año en el cargo, Duterte empezó a revelarse.

Pero en realidad, la campaña no se limitó a llamar a las puertas de la gente y a alegar; más tarde mataría a miles de presuntos consumidores y traficantes de drogas

De conformidad con la Constitución filipina, no se sentencia a la pena de muerte, salvo por los delitos de altísima gravedad.6 El derecho internacional, en particular el segundo protocolo facultativo del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDESC), exige a los signatarios del mismo -como Filipinas- la abolición de la pena de muerte y establece que el restablecimiento de la pena capital tendrá sanciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, el presidente Duterte se manifestó a favor de la reimposición de la pena de muerte como medida disuasoria del consumo y el tráfico de drogas.

A los pocos meses de su presidencia, la campaña del presidente Duterte contra las drogas ilegales estaba cobrando velocidad bajo el mando de Ronald «Bato» Dela Rosa, antiguo ayudante y aliado del presidente Duterte de la ciudad de Davao. En su calidad de nuevo jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), el director general Bato había emitido anteriormente la Circular de Mando núm. 16-2016 por el que se lanzaba la campaña gubernamental contra las drogas ilegales conocida como Oplan Double Barrel, que pone en práctica el Oplan Tokhang (una combinación de «toktok» y «hangyo» en cebuano visayano – “Golpear y alegar”), diseñado para erradicar las drogas ilegales en las unidades de gobierno local más pequeñas, los barangays, mediante la realización de visitas casa por casa «para persuadir a las personas sospechosas de consumir drogas ilegales de que abandonen sus actividades«. Pero en realidad, la campaña no se limitó a llamar a las puertas de la gente y a alegar; más tarde mataría a miles de presuntos consumidores y vendedores de drogas, por lo que ahora se la conoce como la “sangrienta guerra contra las drogas de Duterte” (Duterte’s Bloody War on Drugs).

6.Art. Ill, sección 19 de la Constitución filipina: «No se impondrán multas excesivas ni se infligirán penas crueles, degradantes o inhumanas. Tampoco se impondrá la pena de muerte, a menos que, por razones imperiosas relacionadas con delitos atroces, el Congreso lo disponga. Toda pena de muerte ya impuesta se reducirá a reclusión perpetua».
FERDINAND MARCOS 1965 – 1986 RODRIGO DUTERTE 2016 – 2022
Dictadura República democrática
100.000 víctimas de asesinato, desapariciones forzadas, tortura, encarcelamiento 20.000 víctimas de asesinato, desapariciones forzadas, tortura, encarcelamiento
Más de 5.000 víctimas de arrestos ilegales Alrededor de 4.000 víctimas de arrestos ilegales
Encarcelamiento de líderes de la oposición Encarcelamiento de líderes de la oposición
Disolución del Congreso para implementar un régimen autoritario Mayoría absoluta en la Cámara de Representantes
Ley Marcial 1972 – 1981 Ley Marcial en Mindanao 2017 – 2019 (Proclamación nº 216)
Persecución de los miembros de la prensa y cierre de medios de comunicación Persecución de los miembros de la prensa y cierre de medios de comunicación
Tratados internacionales firmados:
País de los órganos de tratados (ohchr.org)
Tratados internacionales: retirada del Estatuto de Roma
País de los órganos de tratados (ohchr.org)
Deuda internacional: la deuda externa se multiplicó por cincuenta, pasando de 599 millones de dólares estadounidenses en 1965 a 28.300 millones en 1986 Deuda internacional: la deuda externa del país ha aumentado constantemente de $ 73.1 mil millones en 2017 a $ 106.4 mil millones en 2022

La guerra contra las drogas: El juego de los números

El compromiso del presidente Duterte de acabar con el tráfico ilegal de drogas en el país puede ser encomiable, pero sus medios para hacerlo superan con creces los fines que desea alcanzar.

La Agencia Antidroga de Filipinas (PDEA) informó en 2015 de que el clorhidrato de metanfetamina o shabu (90%) encabeza la lista de las drogas ilegales más consumidas, seguida de la marihuana y las costosas drogas para fiestas como la cocaína y el éxtasis. En consecuencia, estos datos indican el agravamiento del problema de las drogas en el país, que ha afectado sobre todo a los sectores empobrecidos de la sociedad por su accesibilidad y sus efectos de evasión temporal de las penurias de la vida cotidiana.

Apenas dos meses después de la puesta en marcha del Oplan Tokhang, el director general de la Policía nacional de Filipinas (PNP), Bato, admitió que, hasta septiembre de 2016, ya había más de 1.100 personas muertas en operaciones policiales oficiales contra las drogas ilegales y al menos otros 2.000 casos de asesinatos llevados a cabo por grupos parapoliciales que están siendo investigados.

A finales de 2017, la Oficina del presidente informó de que en los datos conjuntos recogidos por la PNP, la PDEA, la Oficina nacional de investigación (NBI) y la Oficina de aduanas (BOC), un total de 1.308.078 drogadictos se habían entregado al gobierno, 118.287 individuos fueron detenidos y al menos 3.967 figuras del mundo de la droga murieron, mientras que 16.355 casos de homicidio estaban siendo investigados.7

7. El Informe de fin de año de la administración Duterte 2017 Logros clave, adjunto como anexo;

En junio de 2018, el número de muertes derivadas de la campaña contra las drogas ilegales alcanzó la alarmante cifra de 4.540. Estas personas se habrían resistido (nanlaban) a los operativos policiales, de ahí su «neutralización«. También se registraron al menos 149.265 personas que fueron detenidas y otras 1.274.148 que se entregaron.

En ese momento, los organismos gubernamentales que se ocupan de la campaña contra las drogas ilegales -principalmente la PNP y la PDEA- habían estado emitiendo datos incoherentes, por lo que el Gobierno filipino lanzó la plataforma #RealNumbersPH que mostraría -o al menos lo intentaría- el número exacto de casos “amañados” en el marco de la guerra contra las drogas, -casos de asesinatos, detenidos y entregados-.

Estadísticas publicadas en 2019, #RealNumbersPH contabilizaron 5.526 muertes de «figuras o altos mandos de la droga». Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil afirman que esta cifra no incluye los asesinatos perpetrados por asaltantes no identificados, pero que, no obstante, se cree que están vinculados a los operativos policiales contra la droga.

Y, sin embargo, el presidente Duterte pareció no preocuparse por el alarmante índice de muertes; al contrario, incluso aplaudió la labor de la PNP diciendo que las víctimas son «criminales», lo que justifica su asesinato.

En octubre de 2020, la cifra de muertos por las operaciones antidroga del país alcanzó los 7.987 como resultado de un total de 234.036 operaciones policiales oficiales que se llevaron a cabo desde julio de 2016.

En este momento, el gobierno sigue emitiendo datos inconsistentes, con nuevas categorías de muertes que se introducen a cada momento, es decir: muertes bajo investigación (DUI), homicidio fuera de las operaciones policiales -aquellos asesinatos por parte de vigilantes pero que, sin embargo, están relacionados con las drogas-, lo que hace que la recopilación de datos y la presentación de informes sean confusas.

Esto llevó a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación a crear su propia base de datos, obtenida a partir de datos oficiales, informes de noticias y fuentes locales. Se trata de ACLED The Armed Conflict Location & Event Data Project (Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados). Se trata de una recopilación de datos desagregados, un análisis y mapeo de crisis que recoge las fechas, los actores, las ubicaciones, las víctimas mortales y los tipos de todos los eventos de violencia política y de protesta denunciados en África, Oriente Medio, América Latina y el Caribe, Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental, Asia Central y el Cáucaso, Europa y los Estados Unidos de América. El equipo de ACLED lleva a cabo análisis para describir, indagar en, y dar pruebas de, escenarios de conflicto. Además, pone tanto los datos como los análisis a disposición del público para su uso gratuito.

Según los datos recogidos por ACLED, hasta noviembre de 2021 había al menos 7.742 civiles muertos en operaciones antidroga. Esta cifra incluye a los sospechosos de narcotráfico que fueron asesinados por fuerzas gubernamentales, como la policía o el ejército; vigilantes antidroga, que se supone que tienen vínculos con el Estado o grupos armados anónimos o no identificados, que a menudo se supone que son partidarios del gobierno, partidarios tácitos de la política antidroga del gobierno, o incluso la propia policía como parte de «escuadrones de la muerte secretos«.

Pero, independientemente de las inconsistencias numéricas, la realidad es que bajo la “guerra contra las drogas” de Duterte, miles de personas fueron asesinadas durante las operaciones oficiales de la policía y miles más por asaltantes no identificados, cuyos casos han quedado sin investigar, y miles más fueron arrestadas y detenidas arbitrariamente. Y sin embargo, a pesar de estos informes “de falsos positivos” de la PNP y la PDEA, y en medio de los charcos de sangre en las calles, sigue sin avistarse ninguna solución duradera al comercio de drogas ilegales en el país.

La orden de disparar a matar y la narrativa de Nanlaban

«Dupliquen sus esfuerzos. Triplíquenlos, si es necesario. No nos detendremos hasta que el último capo de la droga, el último financiero y el último traficante se hayan rendido o hayan sido puestos entre rejas… o bajo tierra, si así lo desean» (presidente Duterte, discurso sobre el estado de la nación, 25 de julio de 2016)

El presidente Duterte no se anduvo con rodeos a la hora de expresar sus objetivos de acabar con el comercio y el consumo ilegal de drogas en el país haciendo uso de la violencia. Animó abiertamente a las fuerzas de seguridad, e incluso al público en general, especialmente a los que tienen armas, «a disparar y matar a los traficantes de drogas que se resistan a ser detenidos y se defiendan en sus barrios» asegurándoles su apoyo y respaldo, hasta el punto de prometerles una medalla de honor.

Y así, comenzó la ola de asesinatos

En todos los documentos oficiales de la PNP, hay un denominador común en todas las muertes registradas de supuestas figuras o capos de la droga: todas ellas se resistieron a la detención – “nanlaban”-, por lo que hubo que matarlas o «neutralizarlas«. Esta narrativa se convirtió inmediatamente en la retórica de las autoridades policiales que llevan a cabo operaciones antidroga que acaban con el fallecimiento de las personas arrestadas.

Pero, se produjo el caso Kian Delos Santos. El 17 de agosto de 2017, en la ciudad de Caloocan, al llevar a cabo operaciones antidroga, los agentes de policía dispararon y mataron a Kian Delos Santos, que entonces tenía 17 años. La policía alegó que Kian se defendió obligándoles a devolver los disparos. Alegaron haber recuperado de Kian una pistola del calibre 45 y dos paquetes de sustancia que se sospechaba que era metanfetamina.

Sin embargo, las cámaras de seguridad del barrio mostraron una historia diferente. Se vio a Kian siendo arrastrado por los agentes de policía, desmintiendo así la afirmación de que Kian se resistió al arresto. Un testigo declaró que Kian incluso suplicó por su vida antes de que le dispararan sin piedad. Tras la autopsia, Kian dio negativo en la prueba de nitratos de pólvora.

El caso de Kian provocó un revuelo público que cuestionó la integridad de la policía y la lógica de este Oplan Tokhang. Kian fue enterrado posteriormente y los agentes de policía que participaron en las operaciones que provocaron su muerte fueron procesados y condenados por asesinato. Puede que se haya hecho justicia con Kian (fueron los primeros policías condenados por sus acciones en el marco de la campaña contra las drogas ilegales), pero muchos otros policías implicados en los asesinatos siguen en libertad. Aun así, la vida de Kian nunca pudo recuperarse, al igual que la de otros miles de personas que sufrieron el mismo destino.

La lucha contra el terrorismo y las campañas de contrainsurgencia

Desde la época de la dictadura de Marcos hasta todas las administraciones posteriores al levantamiento del Poder Popular, se aplicaron planes nacionales de seguridad interna (NISP) como programas de contrainsurgencia. Casi todos los oplans (planes de operaciones) se denominaban con virtudes o valores conocidos en filipino, como Oplan Makabayan (Patriótico), Bantay Laya (Defender la libertad) y Kapayapaan (Paz). Los programas de contrainsurgencia se presentaron y redactaron bien para centrarse supuestamente en «abordar las causas profundas de la pobreza», a pesar de ser estrategias de campañas militares que implicaban fuertes operaciones militares y de combate llevadas a cabo por las fuerzas armadas del Estado.

Una mirada más atenta revelará cómo los NISP, a pesar de los nombres y títulos positivos, son políticas de represión absolutas que arremeten contra las libertades básicas, los derechos y las libertades civiles de la población. Estos programas de contrainsurgencia en Filipinas siguen directamente el modelo de los programas de contrainsurgencia de Estados Unidos. Esto se estableció firmemente bajo el Oplan Bantay Laya del gobierno de Gloria Macapagal-Arroyo (2001-2009), que llevó a cabo la narrativa de la «guerra contra el terror» de Estados Unidos. El oplan no distinguía entre quienes participaban en la resistencia armada y los activistas del movimiento democrático legal, justificando así los ataques contra dirigentes y miembros de organizaciones populares, grupos progresistas de la lista de partidos y críticos declarados del gobierno.

Los oplanes también incluyen una serie de supuestos programas comunitarios y sociales, que esencialmente encubrían las operaciones militares encubiertas en las zonas denominadas como objetivos y «focos de insurgencia». Estas operaciones incluían servicios comunitarios, ayuda e introducción de infraestructuras, muchas de las cuales estaban financiadas por la USAID.

El componente cívico-militar se integró entonces fuertemente en los NISP, y ha continuado hasta el día de hoy con sus repartos parciales y ayudas puntuales, mientras se implementan operaciones de psywar (guerra psicológica) y red-tagging de individuos y grupos. En todos los planes, esto ha dado lugar a un historial de graves violaciones de los derechos humanos. Las violaciones continuaron, las víctimas se multiplicaron y el estado de malestar persistió en las comunidades. Hubo más muertos, detenidos y encarcelados.

Al asumir el poder, Duterte amplió la aplicación del Oplan Bayanihan de su predecesor, el difunto Benigno S. Aquino III. Más tarde, la administración Duterte puso en marcha su propia campaña de contrainsurgencia, el Oplan Kapanatagan.

El 23 de mayo de 2017, mientras estaba en Moscú para una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente Duterte declaró la Ley Marcial en Mindanao a causa de la rebelión que lanzaron el grupo Maute y el grupo Abu Sayyaff. Ambos grupos fueron declarados posteriormente como organizaciones terroristas por el gobierno filipino. Aunque el conflicto se circunscribió a la ciudad de Marawi, el Departamento de defensa nacional alegó la persistencia de la rebelión en toda la isla, lo que justificó la imposición del régimen militar en todo Mindanao para la seguridad pública. Se aplicó de manera generalizada, desde el control de los movimientos hasta los registros y las detenciones, pasando por la suspensión del privilegio del habeas corpus.

El régimen de Duterte implementó un gran plan militarista y fascista de terrorismo de Estado dirigido al pueblo filipino. Con activistas o sin ellos, armados o desarmados, todas estas políticas y operaciones tenían como objetivo sembrar el terror entre el pueblo de la manera más brutal y engañosa.

Este gobierno militar duró dos años y medio, pero sus efectos e impactos aún perduran.

Oplan Kapayapaan/Kapanatagan

El plan de contrainsurgencia del régimen de Duterte, Oplan Kapayapaan/Kapanatagan, tenía un enfoque estatal, adoptado de la Guía de Contrainsurgencia de Estados Unidos de 2009. Pretendía «ganar la paz» mediante una combinación de operaciones de combate principalmente militares, de inteligencia y de utilización de organismos y entidades civiles para su objetivo militar bajo la apariencia de «programas de paz y desarrollo».

Bajo la apariencia de «programas de paz y desarrollo» u operaciones militares civiles de las Fuerzas Armadas de Filipinas, los planes de contrainsurgencia legitiman la ocupación militar de las comunidades. Con conversaciones de paz o sin ellas, las violaciones de los derechos humanos por parte del ejército y la policía continuaron en las zonas donde se sospecha que hay presencia del NPA, y en todos los lugares donde hay un descontento y una protesta crecientes.

Comité Interinstitucional de Acción Legal (IACLA)

El régimen de Duterte formó en octubre de 2017 el Comité Interinstitucional de Acción Legal (IACLA), un organismo gubernamental convocado y operado conjuntamente por la PNP y las Fuerzas Armadas de Filipinas. El organismo es el vástago del Grupo Interinstitucional de Acción Legal (IALAG) que se formó con la entonces presidenta Gloria Arroyo. El IALAG se suprimió en 2009, tras descubrirse que estaba detrás de la persecución política de personas defensoras y críticas.

Hubo un aumento alarmante del número de activistas y críticos del gobierno acusados por cargos falsos y sometidos a detenciones ilegales. La IACLA se dedica a plantar pruebas y a presentar testigos falsos, a colaborar con los fiscales y los tribunales para la emisión de órdenes de detención defectuosas y a inventar historias infundadas y absurdas para justificar las detenciones ilegales.

Uno de los ejemplos más evidentes de estas acusaciones fabricadas y absurdas fue el uso de órdenes judiciales de los tribunales de la región de Caraga, en Mindanao, para inventar casos contra activistas en Metro Manila y provocar su detención, a pesar de la grave falta de pruebas y de lógica presentada por soldados y policías. Disponen de laboratorios para probar hasta dónde pueden llegar en la instrumentalización de la ley y la subversión de los procesos legales. Estos casos siguen activos hoy en día, y han dado lugar a la detención de varios presos políticos.

Mediante una maniobra sistemática destinada a silenciar a quienes expresan cuestiones legítimas y defienden los intereses de los pobres, la IACLA ha contribuido al aumento de los presos políticos, las amenazas y el acoso judicial contra activistas, miembros progresistas de organizaciones sectoriales y populares.

Memorando nº 32

El 22 de noviembre de 2018, Duterte emitió el decreto Memorando 32, que ordenó el despliegue de más soldados y elementos de la policía en Negros Occidental y Oriental, Visayas Oriental y Bicol, para «reprimir la violencia anárquica y los actos de terror.» También autorizaba la intensificación de las operaciones de inteligencia y la investigación y persecución de personas o grupos implicados en «actos de violencia anárquica».

Unos meses antes de la emisión del Memorando 32, Duterte declaró un plazo para «aplastar» a los movimientos rebeldes, el memorando proporcionó una justificación general para suprimir las iniciativas de las organizaciones populares contra las injusticias sociales. Entre las numerosas violaciones cometidas en el marco del Memorando 32 se encuentran las redadas en Negros el 31 de octubre de 2019, en las que se allanaron simultáneamente las oficinas de numerosas organizaciones políticas y de la sociedad civil, tales y como Bayan, Bayan Muna, Kilusang Mayo Uno, Karapatan, Gabriela, la Federación nacional de trabajadores del azúcar y el Programa integrado de salud de la Isla de Negros, junto con la residencia de líderes locales en la ciudad de Bacolod y Manila. Al menos 56 personas fueron detenidas arbitrariamente.

Curiosamente, las redadas se ejecutaron sobre la base de órdenes de registro emitidas por el Tribunal regional de primera instancia 89 de Quezon City, firmadas por la jueza ejecutiva Cecilyn Burgos-Villavert. Se informó de que la misma jueza estaba reunida con el general de brigada Debold Sinas, director regional en funciones de la PNP, antes de las redadas.

Las redadas de Negros mostraron cómo la ley y el proceso legal se usan para silenciar a quienes siguen siendo críticos, en connivencia con los jueces que utilizan sus posiciones para fomentar la injusticia. Estas organizaciones han sido incesantemente señaladas a través del red-tagging, y estas redadas son una repercusión inmediata. Con la emisión de órdenes de registro, que se descubrió que eran producto de un copiar y pegar que apuntaba a los críticos y disidentes de la administración Duterte, estas operaciones se enmascaran como «legales» o «justificadas». Sin embargo, son indicativas de un sistema de justicia corrupto, propenso a las influencias de los militaristas y que contribuye a perpetrar la injusticia.

Orden Ejecutiva Nº 70 y el Grupo de Trabajo Nacional para poner fin al conflicto armado comunista local (NTF-ELCAC)

El 4 de diciembre de 2018, el presidente Rodrigo Duterte emitió la Orden Ejecutiva Nº 70 titulada «Institucionalizar el enfoque de toda la nación para lograr una paz inclusiva y sostenible, crear un Grupo de trabajo nacional para poner fin al conflicto armado comunista local y dirigir la adopción de un marco nacional de paz». Esto respondía a la necesidad de «replantear y reenfocar la política gubernamental de lograr una paz inclusiva y sostenible reconociendo que las insurgencias, los disturbios y tensiones internas y otros conflictos armados y amenazas no son sólo preocupaciones militares y de seguridad, sino que son sintomáticos de problemas sociales, económicos e históricos más amplios como la pobreza, la injusticia histórica, la desigualdad social y la falta de inclusión, entre otros«. Así pues, se creó el Grupo de trabajo nacional para acabar con el conflicto armado comunista local (NTF-ELCAC) para garantizar la aplicación del “enfoque estatal” como una política gubernamental institucionalizada que daría prioridad y armonizaría la prestación de servicios básicos y políticas de desarrollo social en las zonas afectadas por el conflicto y en las comunidades vulnerables en pos de la paz.

Lejos de poder abordar las raíces del conflicto armado, el NTF-ELCAC no ha hecho más que militarizar descaradamente una burocracia civil e instituir una junta militar virtual cuyo objetivo ante la insurgencia comunista es la represión por parte del Estado, la violencia y el terrorismo, en lugar de abordar y resolver realmente las causas fundamentales de la rebelión y el conflicto armado en el país. El NTF-ELCAC persigue a los civiles y a las organizaciones legales, y ha sido la principal maquinaria en la peligrosa red-tagging, vilipendio y acoso.

Ley antiterrorista

A ojos del régimen de Duterte, cualquiera puede ser un terrorista. En este sentido, la promulgación de la Ley Antiterrorista de 2020 el 3 de julio de 2020 como Ley de la República nº 11479 completó el corpus de normas de persecución y terror patrocinado por el Estado.

Incrementaron las violaciones de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a promover y defender los derechos humanos, especialmente en el contexto de desprecio, de persecución y de red-tagging del régimen de Duterte contra las voces críticas. Las disposiciones relativas a las detenciones sin orden judicial siguen violando el derecho a las garantías procesales y crean un entorno propicio para la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas disposiciones no sólo conculcan los derechos humanos básicos consagrados en la Constitución filipina y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino que también socavan la independencia judicial, la separación de poderes y el control y el equilibrio.

Además, los inmensos poderes otorgados al Consejo antiterrorista, compuesto por oficiales militares y miembros militaristas del Gabinete, siguen siendo motivo de grave preocupación, especialmente con presuntos violadores de los derechos humanos al frente. La autoridad, tal y como establece la ley, para hacer pública una lista de individuos y grupos designados como terroristas antes de darles la oportunidad de limpiar sus nombres, es un poder peligroso.

Antonio Ablon, obispo de la Iglesia Filipina Independiente y jefe de la capellanía filipina en Europa

La Ley antiterrorista legaliza la retórica del red-tagging que se ha venido utilizando para vilipendiar públicamente, acosar e incitar a la violencia de estado contra las defensoras de los derechos humanos y cualquier expresión crítica. Este fenómeno del red-tagging ya se ha cobrado las vidas de los negociadores de paz Randy Malayao y Randall Echanis, así como de la defensora de derechos humanos Zara Álvarez, todos ellos incluidos en la lista del Departamento de justicia, compuesta de al menos 600 nombres, a los que pretendía declarar como terroristas en virtud de la antigua Ley de seguridad humana de 2007, durante el año 2018.

Maria Sol Taule, abogada y miembro de National Union of People’s Lawyers

Si bien la lucha contra el terrorismo es un deber primordial de un Estado, el gobierno filipino lo hace con una absoluta falta de respeto a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Pero, a pesar de las 37 peticiones que pedían su nulidad, el Tribunal supremo dictaminó que, salvo algunas disposiciones, la Ley Antiterrorista es constitucional. Los grupos de derechos humanos, las organizaciones populares y las asociaciones de abogados han pedido que se reconsidere esta decisión, argumentando principalmente que favorecer la legalidad de dicha ley tendría un efecto amedrentador sobre el ejercicio de las libertades fundamentales de la población, silenciaría la disidencia y, en última instancia, costaría la vida y oprimiría la libertad de las personas.

El régimen de Duterte también afirma que sólo aquellas personas que son culpables de actos terroristas temen la Ley antiterrorista. No obstante, tomemos a modo de ejemplo el caso de Japer Gurung y Junior Ramos, dos personas Aetas, un pueblo indígena de la provincia de Zambales al norte de Metro Manila. Fueron las dos primeras víctimas condenadas en virtud de la Ley antiterrorista, por haber disparado a soldados en un supuesto encuentro con el NPA el 31 de agosto de 2020.

La autoridad, tal y como establece la ley, para hacer pública una lista de individuos y grupos designados como terroristas antes de darles la oportunidad de limpiar sus nombres, es un poder peligroso

Los soldados señalaron con el red-tagging, torturaron, presentaron cargos falsos y finalmente detuvieron a Gurung y Ramos. Tras meses de detención, en una orden fechada el 15 de julio, la presidenta del tribunal Melani Fay Tadili, de la sección 97 del Tribunal regional de primera instancia de la ciudad de Olongapo, desestimó los cargos contra Gurung y Ramos en virtud del artículo 4 de la Ley antiterrorista y ordenó su liberación inmediata por falta de pruebas.

El tribunal observó «incoherencias materiales» en las declaraciones de los testigos de los dos soldados que presentaron cargos contra Gurung y Ramos y consideró que «no se había demostrado que los acusados fueran los autores del acto terrorista» y que, por tanto, «su detención sin orden judicial era ilegal». El auto también invalidó el registro sin orden judicial contra ellos y declaró pruebas inadmisibles las armas de fuego y los explosivos que supuestamente se les incautaron. Siempre la misma cantinela. Y así seguirá la avalancha de acusaciones falsas que el régimen de Duterte, y las sucesivas administraciones, pueden utilizar para atacar a las defensoras de los derechos humanos.

Respuesta a la pandemia de Covid-19

El impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020 llevó al mundo entero a lo que sólo puede describirse como una crisis global. Los gobiernos de todos los continentes se han apresurado a aplicar diversas medidas draconianas, desde prohibiciones de viajar, toques de queda y cierres, para contener su propagación, y estas medidas han supuesto un enorme coste para las economías, así como para la protección de los derechos básicos y las libertades civiles.

Lejos de ser el «gran ecualizador» que muchos decían que podría llegar a ser, el virus infeccioso y mortal fue, al contrario, un amplificador de la desigualdad, tal y como se puso de manifiesto en las violaciones sistémicas de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en todo el mundo: desde el incremento de la pobreza, la erosión de los sistemas de salud pública, la falta generalizada de seguridad alimentaria y el hambre masiva, la creciente falta de vivienda, la falta de acceso al agua potable y al sistema de saneamiento, la desigualdad en la distribución de las vacunas entre los países y continentes, y una consecuente recesión socioeconómica que desencadenó la pérdida masiva de empleos a nivel mundial.

En 2020, millones de filipinos sufrieron los desastrosos efectos de la crisis que la pandemia de COVID-19 no hizo más que exacerbar – y que empeoraría aún más, a medida que el año desvelaba el abandono absoluto por parte del gobierno de Duterte de las políticas públicas y de bienestar, su dependencia de las políticas y enfoques militaristas de la crisis sanitaria, y su descarada explotación de la pandemia para perseguir sus propios objetivos y fines fascistas.

Negligencia criminal y abandono de la salud y el bienestar de la población

Décadas de políticas neoliberales, de privatización de los servicios públicos, medidas de austeridad y recortes presupuestarios en los servicios sociales, han puesto en peligro los derechos de la población a la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento, haciendo que el sistema de salud pública y la economía de Filipinas no estén en absoluto preparados para la pandemia. Sólo en el presupuesto de 2020 para los servicios sanitarios y de salud pública se había producido una reducción global de 10.000 millones de pesos, incluidos recortes presupuestarios de hasta 147,5 millones de pesos para la vigilancia de la enfermedad, según la Coalición por el derecho a la salud pública (Coalition for the People´s Right to Health).

Quedó claro desde el primer día que la lucha contra la pandemia y la crisis que exacerbó conllevaba que los Estados aplicaran enfoques basados en los derechos, haciendo valer los derechos humanos y el bienestar de las personas y poniéndolos el centro de la respuesta a la pandemia. A pesar de esta flagrante incapacidad sistémica del sistema de salud pública de Filipinas, el gobierno de Duterte desestimó y minimizó, hasta se burló de, la amenaza de la pandemia durante meses, incluso después de que su propio gobierno detectara el primer caso de COVID-19 en Filipinas el 30 de enero. No se hizo ningún esfuerzo por defender y hacer valer los derechos y el bienestar de las personas.

Nada menos que el secretario del Departamento de salud (DOH), Francisco Duque III, hizo gala de esta arrogancia a finales de enero de 2020 al rebatir los temores de la población y las peticiones de prohibición de viajar en nombre de la supuesta defensa de las relaciones diplomáticas con China, todo ello hasta que la confirmación de los casos de transmisión local hizo que la amenaza fuera imposible de obviar. Cuando Duterte anunció en marzo que iba a poner todo Luzón bajo «cuarentena comunitaria reforzada», estaba claro que ya era demasiado tarde.

El gobierno perdió tiempo, y fue un claro indicio de que vendrían cosas peores.

La incapacidad de la administración Duterte para actuar con decisión era innegable y había demostrado ser catastrófica, por mucho que se engañaran a sí mismos en el circo de los discursos nocturnos de Duterte y las ruedas de prensa de sus supuestos éxitos basados en mentiras descaradas. El 9 de abril de 2020, Duque había afirmado falsamente que Filipinas tenía un número relativamente «bajo» de casos de COVID-19 y seguiría con sus mentiras; en julio de 2020 afirmó que el país ya había «aplanado la curva» desde abril. El país se había rezagado respecto otros países en cuanto a las pruebas; sin embargo, casi un año después de uno de los encierros más largos y duros del mundo, el gobierno de Duterte había fracasado claramente en la tarea de frenar la propagación de la pandemia: Filipinas registró el segundo mayor número de casos de COVID-19 en el sudeste asiático.

Las evidentes mentiras de Duque fueron recibidas con peticiones generalizadas de dimisión – y su negligencia como secretario del Departamento de Salud fue tan evidente e innegable que incluso los aliados de la administración en el Congreso le instaron a dimitir. El 16 de abril de 2022 el Senado aprobó una resolución en la que se pedía la dimisión de Duque por su «falta de liderazgo, la negligencia, la falta de previsión, la ineficacia en el desempeño de su mandato que se traduce en una mala planificación, el retraso en la respuesta, la falta de transparencia y las políticas erróneas para hacer frente a la pandemia del COVID-19» que ponen en grave riesgo la vida de los trabajadores sanitarios de primera línea. Los senadores reafirman su petición de dimisión de Duque tras la revelación de otro escándalo de corrupción en la aseguradora estatal PhilHealth, y de que Duque «metió la pata» en un supuesto acuerdo para conseguir vacunas contra el COVID-19 de la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer. El hashtag #DuqueResign encabezó repetidamente la lista de tendencias de Twitter en Filipinas, mientras los internautas se hacían eco de las peticiones de dimisión de Duque.

A pesar del fuerte y generalizado clamor por la dimisión de Duque, Duterte se negó reiteradamente a echarlo de su puesto, insistiendo en que confiaba en él. La confianza inquebrantable de Duterte en chiflados flagrantemente incompetentes resultó ser mortal: fue el público el que sufrió el tándem Duque-Duterte de mentiras y abandono descarado del bienestar de la gente.

Duterte utilizó la pandemia para reprimir al pueblo, exacerbar la corrupción para amasar riquezas y escapar de su responsabilidad

El derecho de las personas a la salud es primordial en una situación de pandemia: la gente tiene derecho a hacerse pruebas, a recibir tratamiento y a recibir ayuda del gobierno, pero en lugar de hacer caso a los llamamientos para defender el derecho de las personas a la salud, la respuesta del gobierno desveló las consecuencias mortales de la negligencia criminal del Estado, de su negativa a escuchar a la ciencia, de su corrupción descarada en medio de una crisis y del desprecio absoluto por el bienestar de las personas.

El personal sanitario se vio obligado a jugarse la vida y muchos murieron en el cumplimiento de su deber con una remuneración baja y retrasada, un trato inhumano y discriminatorio, sumado a la falta de equipos de protección adecuados. Todas aquellas personas que se encontraban en primera línea también pidieron que se recalibrara la fallida respuesta del gobierno a la pandemia, así como que se eliminasen las medidas militaristas y punitivas del gobierno aplicadas en nombre de la lucha contra la pandemia. Exigieron una respuesta integral y desmilitarizada que defendiese el derecho de la población a la salud junto con sus derechos civiles y políticos. Mientras tanto, la financiación estatal de los hospitales públicos, los centros de salud y los centros médicos privados de todo el país se vieron desbordados por los pacientes.

Sin embargo, los llamamientos del personal médico de primera línea no fueron atendidos, cuando no, recibidos con la burla e incluso la franca hostilidad del propio Duterte, que se mofó de los grupos médicos por instigar una «revolución». El planteamiento de Duterte ante la pandemia no tenía que ver con la lucha contra la enfermedad, sino que era un momento oportuno para hacer valer su asediada y menguante legitimidad en medio de una crisis que había puesto de manifiesto su incapacidad para liderar, ante la incompetencia y la corrupción generalizadas.

Aparte de echar la culpa al pueblo por la propagación del virus, el control de la población se convirtió en la prioridad, por lo que se detuvo a los infractores de la cuarentena y el toque de queda. Las personas que no quieren vacunarse son amenazadas con detenciones o no se les permite trabajar. El castigo es la solución en lugar de la explicación, la ayuda y la protección del paciente. El propio grupo de trabajo que se encargó de la respuesta a la pandemia está formado en su mayoría por altos grados militares, no por médicos ni especialistas sanitarios.

Al igual que otros gobiernos autocráticos en otras partes del mundo, Duterte utilizó la pandemia para reprimir al pueblo, exacerbar la corrupción para amasar riqueza y escapar de su responsabilidad. La última prioridad del gobierno de Duterte es servir al pueblo, especialmente a los enfermos y a los que luchan contra la pandemia.

El presidente Duterte defendió abiertamente y sin reparos a sus propios hombres de las acusaciones de fraude y los escándalos de corrupción que les perseguían. Impidió que su gabinete asistiera a las audiencias del Senate Blue Ribbon Committee’s, el Comité del Senado sobre las transacciones anómalas del gobierno con la empresa farmacéutica Pharmally, estrechamente relacionada con Michael Yang, antiguo asesor económico del presidente Duterte. Los ejecutivos de Pharmally son fugitivos buscados en Taiwán por actividades delictivas.

Las investigaciones revelaron que al menos 8.700 millones de pesos filipinos de las transferencias de fondos del DOH al servicio de adquisiciones del Departamento de presupuesto y gestión (DBM) se destinaron a contratos con Pharmally, que vendió al gobierno suministros médicos defectuosos y de baja calidad a precios excesivos. El primer borrador del informe del Comité del Senado afirmaba que el presidente Duterte debía rendir cuentas por la traición a la confianza pública en lo que su informe describía como «uno de los mayores saqueos de las arcas filipinas de la historia reciente». El informe del Senado recomendaba la presentación de cargos penales, de malversación y blanqueo de dinero, contra varias personas, entre ellas Yang, el secretario del DOH, Francisco Duque III, el ex subsecretario del Departamento de administración pública, Lloyd Christopher Lao, y varios ejecutivos de Pharmally.

Una oleada tras otra de nuevos casos y variantes de COVID-19 ha desbordado repetidamente la capacidad del gravemente erosionado sistema sanitario público del país y lo ha llevado al borde del colapso total. Miles de filipinas y filipinos sufrieron y murieron a causa del COVID-19 sin ni siquiera llegar a una cama de hospital; sin embargo, el gobierno de Duterte siguió siendo despiadado al tolerar la corrupción descarada, la especulación con los suministros médicos y la mala gestión criminal de los fondos públicos que puso en peligro la salud y el bienestar de la población.

Esta acusación queda patente en las conclusiones de la Comisión de Auditoría (COA), que ha señalado al Departamento de salud por «varias deficiencias» en la gestión de fondos por valor de 67.300 millones de pesos filipinos para combatir la pandemia de COVID-19, lo que, según la COA, «ha contribuido a los problemas encontrados y a la pérdida de oportunidades» en la respuesta gubernamental a la pandemia. Las conclusiones del COA reavivaron las peticiones de dimisión del secretario Duque; el presidente Duterte, sin embargo, lo respaldó, diciendo: «Wala ka namang ginawang masama» (No hiciste nada malo).

La incompetencia que condujo a una negligencia criminal en medio de las anomalías que caracterizan la mala gestión de los fondos públicos en la respuesta gubernamental a la pandemia, está puesta de manifiesto en las conclusiones de la organización Transparency International, la cual calificó a Filipinas con un «importante declive» en su Índice de percepción de la corrupción de 2021. Filipinas ocupó el puesto 117 de 180 países y territorios en el índice, bajando dos puestos respecto a su posición en 2020. El informe señalaba en particular que, desde la elección del presidente Duterte, Filipinas había «visto un fuerte declive de la libertad de asociación y la libertad de expresión, lo que hace más difícil hablar de la corrupción», especialmente con los asesinatos de defensoras de los derechos humanos en el país.

A finales de 2021, la burbuja de préstamos de la administración Duterte dejó al país con un nivel de endeudamiento de un total de 11,73 billones de pesos filipinos, según el Tesoro público. Sin embargo, durante los últimos dos años, la administración Duterte repitió el mantra de que el gobierno no tenía suficientes fondos y recursos para financiar las medidas de salud pública: las pruebas masivas gratuitas, el rastreo de contactos, así como la ayuda y el subsidio para los trabajadores y los hogares afectados – lo que planteó la pregunta: ¿a dónde fue el dinero?

IV. Ataques a las defensoras de los derechos humanos y reducción del espacio democrático

El compromiso de Filipinas con el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, así como su declaración de promover la justicia social, están recogidos nada menos que en la propia Constitución filipina de 1987. Filipinas es también signataria de varios instrumentos internacionales que defienden los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (PIDESC). Aunque Filipinas ha plasmado su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos sobre el papel, el reto consiste en transformar estos principios en acciones.

Según la Declaración universal de derechos humanos (DUDH), es el Estado el que tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda persona titular de los derechos, sea o no ciudadana del país.

Sin embargo, bajo la administración de Duterte, el gobierno filipino no cumple o se niega a cumplir con sus tareas como titular de obligaciones, de modo que hay un rápido declive del respeto, la protección y garantía de los derechos humanos del pueblo filipino, y se agrava cada día por las políticas antipopulares y las campañas de contrainsurgencia que se están implementando.

Clarisa Ramos, coordinadora del capítulo de Europa de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP)

El NTF-ELCAC y el grave peligro del Red-tagging

En lugar de abogar por la paz, el NTF-ELCAC sólo sembró el terror y engendró el miedo entre la población. Aprovechando la práctica del red-tagging, el NTF-ELCAC calificó públicamente de «enemigos del Estado» y «terroristas» a las personas y organizaciones que apoyan a las comunidades locales, promueven los derechos humanos, la justicia y la paz sin un ápice de pruebas, y elevó su mensaje al público para que no se asocie con esas personas u organizaciones, ya que son salot sa lipunan o una “carga para la sociedad”.

Basándose en el funcionamiento del NTF-ELCAC, la práctica del red-tagging se ha convertido en un componente importante del programa de contrainsurgencia del gobierno, que se utiliza amplia y sistemáticamente para desprestigiar, desacreditar e incitar a la violencia y al odio contra las voces críticos y los miembros de la oposición, especialmente de las filas de los activistas, los grupos progresistas y los críticos de las políticas estatales opresivas y antipopulares. El abogado Anthony Karlo Guillen, de NUPL, se pronunció al respecto:

Entre los pilares del marco de contrainsurgencia del NTF-ELCAC -además del aumento del gasto en defensa, la mayor presencia militar en las comunidades civiles y el acoso y la intimidación de los no combatientes a través de sus diversas operaciones cívico-militares y programas de «rendición»- se encuentra una campaña implacable de vilipendio público y desinformación contra las personas que supuestamente son miembros, o simpatizantes del Partido Comunista de Filipinas (CPP) y del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), así como de los grupos que supuestamente son los «frentes legales» del movimiento clandestino.

El red-tagging es el producto de esta campaña de vilipendio y desinformación. Presenta al sujeto como «terrorista» o «enemigo del Estado». Los objetivos aparentes son cuatro:

    • presentar al público una narrativa que retrata a la víctima como un objetivo aceptable de ataque, ya sea por parte de fuerzas estatales uniformadas, grupos de vigilancia o asaltantes no identificados;
    • prescindir de la necesidad de una investigación exhaustiva de las violaciones de derechos humanos cometidas;
    • proteger a los autores de la responsabilidad; y
    • desalentar el apoyo o la participación del público en las organizaciones sometidas al red-tagging.

El red-tagging sienta las bases para que se produzcan nuevos y concretos ataques contra la persona señalada. Desde la vigilancia, pasando por la persecución penal de delitos falsos e inventados, hasta la confiscación arbitraria de propiedades y, en el peor de los casos, las desapariciones forzadas y los asesinatos a sangre fría, las defensoras de los derechos humanos en Filipinas están siendo víctimas de todo lo que implica la práctica nociva del red-tagging. Esto manda una señal escalofriante a la opinión pública, con el fin de mantenerla silenciada y distanciada de la promoción y defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz, a cambio de su vida.

No deja de ser una ironía que el gobierno de Duterte creara el NTF-ELCAC con el fin de lograr una paz inclusiva y sostenible en las zonas afectadas por el conflicto armado y, sin embargo, pusiera fin unilateralmente a las conversaciones de paz en curso con el CPP a través del NDF, especialmente cuando las conversaciones llegaban a una quinta ronda destinada a negociar y acordar reformas socioeconómicas.

Elnora Held, defensora de derechos humanos en Filipinas, coordinadora de Gabriela Europe y fundadora de Gabriela en Alemania. Lee la entrevista.

El red-tagging y el CPP (Partido Comunista de Filipinas)

El juez del Tribunal supremo Marvic Leonen tuvo la ocasión de elaborar el concepto de red-baiting – o red-tagging como se conoce popularmente hoy en día – en uno de los casos juzgados por el Tribunal. Citando el informe del entonces Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales o Sumarias y Arbitrarias, Philip Alston, el juez Leonen definió el red-baiting o red-tagging como el «vilipendio, el ‘etiquetado’ y la ‘culpabilidad por asociación’ de varios grupos democráticos» que son «estereotipados o caricaturizados por los militares como grupos comunistas, lo que los convierte en objetivos fáciles de las unidades militares o paramilitares del gobierno«.

En su visita a Filipinas del 12 al 21 de febrero de 2007, Alston había observado que el red-tagging era ya una estrategia existente de los militares contra el CPP/NPA/NDF, que tiene como objetivo desmantelar las organizaciones de la sociedad civil que son supuestamente «fachadas» del CPP. En su informe de misión, Alston declaró:

“13. Altos funcionarios del gobierno, dentro y fuera del ejército, creen que muchas organizaciones de la sociedad civil son fachadas del CPP y que éste controla estos grupos para instrumentalizar los agravios populares al servicio de la lucha revolucionaria, forjar alianzas antigubernamentales y reclutar nuevos miembros del partido. Aunque exageradas, estas opiniones no son del todo infundadas. La política autoproclamada del CPP es participar en la política de frente unido con el fin de promover sus puntos de vista entre aquellos que están insatisfechos con el statu quo pero que no estarían dispuestos a unirse al CPP. Esta organización y movilización están sujetas al principio del centralismo democrático y, por tanto, a la dirección del Comité Central del CPP. No hay razón para dudar de que el CPP espera que aquellos de sus miembros que ocupan puestos de liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil promuevan sus prioridades estratégicas. Sin embargo, esto no justifica el enfoque de muchos funcionarios que caracterizaron a los supuestos grupos de fachada como si fueran simples sucursales del CPP. Los interlocutores más objetivos reconocieron que el término «fachada» abarca muchas gradaciones de control, algunas muy tenues, y que en prácticamente cualquier organización de fachada la mayoría de los miembros no pertenecerán al CPP y probablemente no serán conscientes de la relación de la organización con el CPP. Se sabe relativamente poco sobre el alcance de la influencia del CPP dentro de las organizaciones de la sociedad civil, y sería ingenuo suponer que el CPP es tan poderoso como le gustaría presentarse.

14. La retórica de muchos funcionarios pasa con demasiada rapidez de la premisa de que existen algunas organizaciones de fachada a la afirmación, normalmente sin fundamento, de que determinadas organizaciones son realmente vinculadas con terroristas. Durante el periodo de la ley marcial, el CPP desarrolló una red de grupos clandestinos de la sociedad civil, que se unieron bajo el paraguas del NDF. Estos grupos siguen siendo clandestinos, pero sus nombres son de dominio público. No es controvertido, por ejemplo, que el NDF incluya, entre otros grupos, a los Cristianos por la liberación nacional (CNL) y al Consejo revolucionario de sindicatos (RCTU). Lo que es controvertido es la tesis de muchos funcionarios según la cual las organizaciones asociadas a Bayan son contrapartes abiertas de las organizaciones encubiertas del NDF. Cuando los funcionarios afirman que » CNL controla la Promotion of Church People’s Response, cuyos miembros dirigen la Alianza de derechos humanos KARAPATAN» o que «el RCTU controla la dirección de la central obrera militante de arriba, Kilusang Mayo Uno (KMU), a través de un grupo central compuesto por miembros del partido», apenas se aportan pruebas. Las afirmaciones de que el CPP «ha apoyado» a grupos de la lista del partido como Bayan Muna, Anakpawis y Gabriela son igualmente vagas y especulativas. Estas afirmaciones se basan en pruebas circunstanciales -las historias personales de algunos líderes, las aparentes simpatías manifestadas durante la escisión del CPP a principios de la década de 1990, la función política percibida de las posiciones de un grupo, etc.- leídas a la luz de las técnicas organizativas declaradas por el CPP.

15. La pertenencia al CPP es legal, y lo ha sido desde 1992, cuando el Congreso derogó la Ley antisubversiva. Y casi todos mis interlocutores reconocieron el principio de que se debe permitir a los ciudadanos apoyar las ideas comunistas y democráticas nacionales. Del mismo modo, el sistema de listas de partidos -por el que algunos miembros de la Cámara de Representantes son elegidos en todo el país y no en un distrito concreto- fue establecido por el Congreso en 1995 con el propósito de animar a los grupos de izquierda a entrar en el sistema político democrático.
Por lo tanto, considerar a los representantes del Congreso y a gran parte de la sociedad civil como «enemigos» es completamente inapropiado. No es de extrañar que haya fomentado los abusos.

16. Los periódicos publican habitualmente informes de altos cargos militares que instan a neutralizar a los supuestos grupos y partidos fachadas del CPP. A menudo, se nombran específicamente partidos políticos prominentes y grupos de la sociedad civil establecidos. Se dice al público que apoyar su trabajo o sus candidatos equivale a apoyar al «enemigo». Esta práctica fue defendida abiertamente y con firmeza por casi todos los militares con los que hablé. Cuando sugerí a los altos mandos militares que la denuncia de los grupos de la sociedad civil sólo debería hacerse conforme a la ley y por parte del Gobierno, la respuesta fue que las autoridades civiles no están en condiciones de hacer tales declaraciones porque podrían ser asesinadas a consecuencia de ello. En otra ocasión, pregunté a un alto funcionario civil si el Gobierno podría emitir una directiva que prohibiera tales declaraciones a los oficiales militares. Expresó una vaga simpatía por la idea, pero su subordinado -un comandante militar retirado- rápidamente intervino diciendo que tal directiva sería «imposible» porque «esta es una guerra política». Cuando la «guerra» política la llevan a cabo los soldados y no los civiles, la democracia ha sido sustituida por los militares.

17. El vilipendio público de los «enemigos» va acompañado de medidas operativas. La ilustración más dramática es el enfoque del «orden de batalla» adoptado sistemáticamente por las Fuerzas Armadas Filipinas (AFP) y, en la práctica, a menudo por la PNP. En términos militares, un orden de batalla es una herramienta organizativa utilizada por la inteligencia militar para enumerar y analizar las unidades militares enemigas. Las AFP adoptan un orden de batalla en relación con las distintas regiones y subregiones en las que operan. Se me facilitó una copia de un documento filtrado de este tipo, de 2006, y no conozco ninguna razón para dudar de su autenticidad. El documento, firmado por altos cargos militares y policiales, insta a «todos los miembros de la comunidad de inteligencia en la región [correspondiente]… a adoptar y guiarse por esta actualización para potenciar un esfuerzo más amplio y concertado contra el CPP/NPA/NDF». El documento, de unas 110 páginas, enumera cientos de destacados grupos de la sociedad civil e individuos que han sido clasificados, sobre la base de los servicios de inteligencia, como miembros de organizaciones que los militares consideran «ilegítimas». Aunque algunos oficiales niegan formalmente que estar en el orden de batalla constituya ser clasificado como enemigo del Estado, el entendimiento generalizado, incluso entre la élite política, es que constituye precisamente eso». (citas omitidas, el énfasis es nuestro)

El 9 de diciembre de 2020, el Consejo antiterrorista, en una resolución, designó al CPP y al NPA como «organizaciones terroristas«. Más tarde, el 23 de junio de 2021, el Consejo designó también al brazo político del CPP -el Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP)- como «organización terrorista». Mientras tanto, los belicistas y los notorios red-taggers del régimen de Duterte, especialmente los del NTF-ELCAC difunden en público que los grupos de la lista de partidos y las organizaciones populares progresistas son todas «fachadas» del NDFP.

Clarisa Ramos, coordinadora del capítulo de Europa de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP)

No cabe ninguna duda de que la pertenencia al CPP ya no es un delito en virtud de la Ley de la República nº 7636, que derogó la Ley antisubversiva en 1992. Pero, el gobierno filipino insiste en señalar mediante el red-tagging a cualquiera que hable en contra de sus políticas antipopulares, como «comunista», como si fuera un enemigo del Estado, como si fuera un delito hablar, como si fuera un terrorista. En efecto, este red-tagging difumina la línea que separa a un combatiente armado de los civiles ordinarios -militantes, críticos y disidentes- y convierte a estos últimos en objetivos de la violencia armada, en flagrante violación del derecho internacional humanitario y de las normas relativas a contextos de conflicto y guerra.

Aunque esta absurda práctica del red-tagging puede haber formado parte ya de las prácticas habituales de administraciones anteriores, nunca lo había sido de manera tan intensificada, tan violenta y mortal como bajo la administración Duterte.

Todas estas estrategias del red-tagging que consisten en sembrar el terror no han logrado erradicar al CPP y a su brazo armado, el NPA. Tampoco han abordado las causas profundas del conflicto armado ni han resuelto la crisis socioeconómica que asola al país.

Ataques contra el pueblo

Vilipendio público

En entrevistas públicas, en lonas colgadas en lugares estratégicos de los municipios, en panfletos distribuidos por las ciudades, incluso en las audiencias del Senado, las personas civiles -defensoras de los derechos humanos, sacerdotes, profesoras, abogadas, periodistas, empleados del gobierno, y cualquier disidente de la Administración Duterte, incluso los representantes debidamente elegidos del Congreso de Filipinas- podrían encontrar su nombre y/o su foto etiquetada como «miembro de alto rango del CPP» o «comandante de un batallón del NPA«.

El NTF-ELCAC se ha convertido en una máquina de rumores y fábrica de cuentos del Estado, y se dedica a etiquetar mediante el red-tagging a activistas, representantes de la lista de partidos progresistas, líderes comunitarios, instituciones académicas, iglesias, actrices y actores, directores de cine, legisladores, fans del K-Pop, y prácticamente a todo el mundo. Las campañas de desinformación a través de plataformas de redes sociales agresivas utilizadas como armas son el pan de cada día.

Seigfred Deduro, activista, exiliado y ex representante del partido BayanMuna en el Congreso de Filipinas

Acusaciones falsas

El Gobierno filipino también manipula la ley como si fuera un arma: «utilizando, eludiendo, reinterpretando o reinventando la ley para justificar o legitimar la acción o la represión del Estado«8. El epítome de este fenómeno es la presentación de cargos inventados o falsos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos auxiliares contra las personas defensoras de los derechos humanos, la oposición política, los críticos y los disidentes, con un flagrante desprecio de los principios básicos del debido proceso y la elusión deliberada de las normas del debido proceso.

Así, se ha convertido en algo habitual escuchar que una defensora de los derechos humanos del norte de Filipinas fue detenida sobre la base de una orden judicial emitida por un tribunal del sur del país; o que se allanaron simultáneamente las residencias de sindicalistas a altas horas de la madrugada sobre la base de una orden de registro con uso de armas; o que se detuvo a conocidos dirigentes y miembros de organizaciones populares por la supuesta posesión ilegal de armas de fuego y explosivos encontrados en el interior de sus domicilios. Lo que parece ser una operación legal se ve desmentida por la inobservancia del debido proceso, el uso de testigos falsos y el despliegue de toda la maquinaria de las fuerzas de seguridad del Estado, dirigida específicamente en contra de las personas críticas con las políticas y acciones del Estado.

Con el Oplan Kapanatagan y el NTF-ELCAC en marcha, que movilizan los recursos y la maquinaria del gobierno en su llamado “enfoque estatal” contra la insurgencia, las fuerzas estatales utilizan igualmente la narrativa del nanlaban en operaciones de estilo tokhang contra activistas, defensoras de los derechos humanos y líderes comunitarios. Se han utilizado órdenes de registro y pruebas plantadas para justificar el asesinato y la detención arbitraria de numerosas personas.

8. Edre U. Olalia, Armamento de la ley y recursos internos ineficaces: cabalgando en tándem para derribar la disidencia, 25 de mayo de 2021

Presos políticos

Cuando Duterte llegó al poder en 2016, la liberación de los presos políticos parecía estar al alcance de la mano. Esto estaba anclado en la reanudación de las conversaciones de paz formales bajo el régimen de Duterte. Sin embargo, la liberación de los presos políticos no era, ni es, un prerrequisito. Es un compromiso que debe cumplirse, parte de lo acordado por el gobierno de Filipinas y el NDFP en el marco del Acuerdo general sobre el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (CARHRIHL Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law).

La campaña para liberar a todos los presos políticos tiene como objetivo liberar a aquellos que han sido detenidos injustamente por sus opiniones políticas, y acusados de cargos falsos. Exigir su libertad es una afirmación de que el activismo, la disidencia y la defensa de los derechos humanos son básicos y necesarios en la sociedad filipina.

Los presos políticos fueron liberados en los primeros años del régimen de Duterte, producto de los largos años de campaña y exigencia para liberar a todos los presos políticos. Pero el carácter fascista y militarista del Estado representado por Duterte se desenmascaró rápidamente.

El Estado continuó con la aplicación de sus programas de contrainsurgencia dirigidos a comunidades, individuos y grupos que han sido objeto de represión política, militarización y todo tipo de ataques en las zonas rurales y urbanas.

Actualmente hay 713 presos políticos en las cárceles y centros de detención de todo el país, 487 de ellos fueron arrestados bajo el mandato de Duterte, y languidecen en prisiones sobrecargadas y vulnerables al COVID-19.

Defensoras de los derechos humanos de la red de Karapatan se enfrentan a acusaciones falsas, tales y como los cargos de intento de asesinato presentados contra la presidenta de Karapatan, Elisa «Tita» Lubi, y la presidenta de Karapatan en la región de Mindanao Sur, Jayvee Apiag.

Miembros del equipo de Karapatan también están en la cárcel. La detención más reciente fue la de la asistente legal de Karapatan , Caraga, Renalyn Tejero.
Numerosas personas trabajadoras del ámbito de los derechos humanos han sido asesinadas, están entre rejas o se enfrentan ahora a estos cargos totalmente absurdos que están claramente destinados a desacreditarlas y silenciarlas para que no sigan haciendo su trabajo.

Los discursos públicos de Duterte, al mismo tiempo, que incitan abiertamente a la violencia, la instrumentalización de la ley y de los tribunales, y la demonización directa de organizaciones como Karapatan, en particular, han convertido a estos grupos en blanco de tales ataques.

Ejecuciones sumarias

Entre julio de 2016 y diciembre de 2021, Karapatan ha documentado al menos 427 casos de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, de los cuales 215 eran personas defensoras de derechos humanos y 63 eran mujeres, con 332 víctimas procedentes del sector campesino.

Zara Alvarez, activista por la salud y los derechos humanos, asesinada en agosto de 2020

Resulta bastante inesperada la similitud de las circunstancias que se dieron antes, durante y después de los asesinatos: la víctima fue señalada mediante el red-tagging antes de ser ejecutada, y los autores del crimen se escondieron bajo cascos integrales y a bordo de una motocicleta sin placas.

La narrativa del nanlaban de la “guerra contra las drogas” también se usó en el caso de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos. Pero, los relatos de los testigos oculares revelaban sistemáticamente lo contrario, mostrando que en la realidad se había cometido un asesinato a sangre fría en manos de agentes de la policía.

Y en todos estos casos, la cultura de la impunidad está muy presente. Ni uno solo de los asesinatos de defensoras de los derechos humanos ha sido genuinamente investigado y juzgado.

Todas estas persecuciones y violaciones de los derechos humanos fundamentales afectan a todos los sectores de la población filipina. Cualquiera puede ser víctima de red-tagging en algún momento. En las zonas rurales, los agricultores, los campesinos, los pescadores, pero también los pueblos indígenas, principalmente los Lumad, son los principales objetivos. Sus líderes están siendo arrestados, sus comunidades están siendo militarizadas, tanto con el objetivo de controlar y acaparar tierras, como con el falso propósito de luchar contra los movimientos guerrilleros. Instituciones como los Misioneros rurales de Filipinas, que trabajan en la defensa de las zonas rurales y especialmente de las tierras de los pueblos indígenas, junto con iglesias como la Iglesia Filipina Independiente, están siendo severamente perseguidos, señalados y acusados de terrorismo bajo la nueva Ley antiterrorista. En definitiva, todos los sectores organizados del país están en el punto de mira: los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, la juventud, los grupos de mujeres como Gabriela, así como las organizaciones e individuos LGBTIQ+ y cualquier ciudadana o ciudadano cuya voz o acciones puedan representar una amenaza para el gobierno.

Ataques contra la prensa y la libertad de expresión

El estado Filipino reconoce el papel vital de la comunicación y la información en la construcción de la nación.9 Con este fin, la Constitución filipina de 1987 garantiza que «no se aprobará ninguna ley que coarte la libertad de palabra, de expresión o de prensa, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios«.10

Estas garantías han institucionalizado a la prensa filipina como guardián del pueblo que actúa como verificador de los hechos para asegurar no sólo la verdad en el periodismo, sino la responsabilidad en política. Los medios de comunicación filipinos también han sido considerados como un «cuarto poder» por su «capacidad explícita de defensa y su capacidad implícita de enmarcar cuestiones políticas«. Con estos antecedentes, cabría esperar que los medios de comunicación en Filipinas fueran libres e independientes.

Pero bajo la Administración Duterte, los medios de comunicación libres e independientes siguen siendo una ilusión, y Filipinas tiene fama de ser uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.

Reporteros sin Fronteras, organización no gubernamental internacional que defiende la libertad de información de todos los pueblos del mundo, ha situado a Filipinas en el puesto 138 de su Clasificación mundial de la libertad de Prensa en 2021. Esta clasificación se produce en medio de la incesante persecución tanto de los miembros de la prensa como de los medios de comunicación, especialmente de aquellos que son críticos con la administración Duterte.

Entre junio de 2016 y abril de 2021, el Centro filipino de periodismo de investigación registró al menos 223 agresiones contra periodistas, la mayoría de ellas vinculadas directamente con las fuerzas del Estado, es decir, la policía y el ejército, y al gobierno local y nacional. Las profesionales de los medios de comunicación, en el desempeño de su trabajo, no están exentas de la práctica estatal del red-tagging. Las periodistas se enfrentaron y siguen enfrentándose a acosos en forma de demandas por difamación y otras acusaciones falsas e inventadas de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos, y lo que es peor, a ejecuciones sumarias.

9. 1987 Philippine Constitution, Section 24, Article II;
10. Ibid., Section 4, Article III

Cierre de ABS-CBN

Uno de los mayores golpes a la libertad de prensa en Filipinas se produjo cuando, el 4 de mayo de 2020, el Congreso filipino denegó la solicitud de franquicia legislativa a uno de los medios de comunicación más antiguos de Filipinas: ABS-CBN.

Antes de este histórico voto contra la libertad de prensa, el presidente Duterte había manifestado expresamente su antagonismo contra ABS-CBN por no haber emitido, supuestamente, sus anuncios políticos en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016 y haber permitido, en cambio, la «propaganda negra» contra él, pagada especialmente por su némesis política, el entonces senador Antonio Trillanes IV. Lo que siguió fue un juicio público en el que el mismo Senado de Filipinas investigó el historial del gigante de los medios de comunicación en cuanto al cumplimiento de las leyes sobre propiedad, impuestos y trabajo, entre otras. Además, ABS-CBN se enfrentaba a un caso de Quo Warranto ante el Tribunal supremo que pretendía quitarle la franquicia por orden judicial, y que fue presentado por la Oficina del fiscal general, Jose Calida.

Pero, a pesar de que la resolución del Senado consideró que ABS-CBN cumplía con todas sus obligaciones con el gobierno y con su personal, y a pesar de la decisión del Tribunal supremo sobre la nulidad del Quo Warranto, el Congreso votó para denegar la solicitud de la cadena de una franquicia de 25 años, o cualquier extensión de la misma.

V. El pueblo unido jamás será vencido

A. Medidas internas

El desprecio y la falta de respeto del régimen de Duterte por los derechos y libertades fundamentales en los últimos cinco años, sus medidas para garantizar la impunidad y sus continuos programas sangrientos revelan que está dispuesto a eludir la rendición de cuentas a toda costa.

La justicia filipina, con los mecanismos nacionales de los que dispone, ha seguido siendo esquiva para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, dentro y fuera del país, las víctimas, sus familias y las defensoras de los derechos humanos están dispuestos a obtener la justicia y la rendición de cuentas.

Un ejemplo concreto es la adopción por parte del Consejo Regional de Paz y Orden de la Cordillera de la estrategia Dumanun Makitungtong el 23 de agosto de 2021, que fue objeto de una resolución emitida por el Comité regional de coordinación de la aplicación de la ley en la región administrativa de la Cordillera (RLECC-CAR) en julio, y que no hace más que sustituir el nombre de las operaciones tokhang contra activistas, críticos del gobierno y otras personas erróneamente etiquetadas como «organizaciones de comunista» en la zona.

«Estas resoluciones institucionalizan claramente el red-tagging y el vilipendio político destinados a sembrar la división entre el pueblo, a justificar las violaciones de los derechos humanos y la persecución política, y a destruir los espacios que quedan para la disidencia legítima, cuando la propia disidencia es la máxima obligación del pueblo contra la tiranía.»

La Resolución nº 6 del RLECC-CAR, denominada «Resolución por la que se obliga a los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, junto con los representantes de las administraciones locales, el sector religioso y las ONG, a llevar a cabo la estrategia Dumanun Makitungtong contra los miembros conocidos de las organizaciones del frente comunista (CFO)», sustituye a la anterior Resolución nº 4, que fue descartada tras una amplia oposición y críticas.

Sin embargo, la supresión de la palabra «tokhang» no supondrá ningún cambio concreto puesto que no disminuirá las amenazas contra las personas que sean objeto de operaciones de las fuerzas estatales en la Cordillera, cuando la naturaleza y el carácter de las operaciones lleven las huellas del tokhang. En realidad, esta resolución supone un peligro mayor, ya que establece la posibilidad de ir a los domicilios de los «sospechosos de apoyar a las organizaciones del frente comunista», lo que puede significar que casi cualquier persona puede ser víctima arbitrariamente del red-tagging y sin poder acogerse al debido proceso.

La sección de Karapatan en la región, dijo en un comunicado: «Estas resoluciones institucionalizan claramente el red-tagging y el vilipendio político destinados a sembrar la división entre el pueblo, a justificar las violaciones de los derechos humanos y la persecución política, y a destruir los espacios que quedan para la disidencia legítima, cuando la propia disidencia es la máxima obligación del pueblo contra la tiranía«.

A su vez, la Oficina regional de la Comisión de derechos humanos en la región de la Cordillera emitió una resolución en la que se reafirmaban los derechos fundamentales de las personas y los grupos contra el red-tagging y otras formas de violación de sus derechos.

En el Congreso filipino, una ley que recoge el reconocimiento y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en el país está siendo tramitada y ha pasado en tercera lectura.

Los proyectos de ley 015, 161 y 240 de la Cámara de Representantes, titulados «Ley por la que se definen los derechos y las libertades fundamentales de las defensoras de los derechos humanos, se declaran las responsabilidades del Estado y se instituyen mecanismos eficaces para la protección y promoción de estos derechos y libertades», han sido una iniciativa largamente esperada. Denominado brevemente como proyecto de ley de defensoras de los derechos humanos, el proyecto de la Cámara de Representantes está pendiente de examen en la Comisión de derechos humanos desde julio de 2019.

Llega 23 años después de que Filipinas firmara, como estado parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, en 1998.

B. Vías internacionales

La “guerra contra las drogas”: una guerra contra los pobres

A los pocos meses de iniciada la campaña de «guerra contra las drogas», las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por el creciente número de muertes de presuntos narcotraficantes. Estos grupos piden al gobierno de Duterte que reevalúe los medios con los que implementa su “guerra contra las drogas”, ya que seguramente hay mecanismos mucho más efectivos para abordar el tema de las drogas ilegales que «neutralizar» a los usuarios y vendedores. Más aún cuando los datos indican que las víctimas de estos asesinatos provienen de las capas más pobres de la sociedad filipina, que no tienen acceso o tienen un acceso limitado a los servicios sociales del Estado.

Al tiempo que elogiaba el compromiso del gobierno contra las drogas ilegales, el representante del partido Bayan Muna, Karlos Zarate, condenó los asesinatos sumarios de sospechosos de tráfico de drogas, tanto por parte de las fuerzas estatales como de los grupos parapoliciales, y el silencio del Estado sobre estas cifras que aumentan día a día.

Karapatan ha afirmado que la «guerra contra las drogas» de Duterte «marcó el comienzo de la criminalización de la pobreza y el empeoramiento de la cultura de la impunidad entre las fuerzas policiales«, añadiendo que los asesinatos conciernen solamente a los pobres, no sólo en las zonas urbanas, sino también en las comunidades rurales de todo el territorio. Al final, la “guerra contra las drogas” se ha convertido en una «política carente de respeto por la dignidad humana» y «se ha convertido insidiosamente en una guerra contra los pobres, ya que el impulso de la administración para erradicar la criminalidad parece equivaler a erradicar a los pobres«.

ICHRP ha observado que estos asesinatos son el resultado de «la suposición errónea e infundada del gobierno de que las drogas y la criminalidad son las causas, más que las manifestaciones, de la pobreza generalizada«. Aunque los objetivos de la “guerra contra las drogas” pueden ser loables, matar a los pequeños traficantes sin entender por qué venden drogas en primer lugar, no resuelve el problema. El fin nunca podrá justificar los medios.

Incluso las organizaciones internacionales han prestado atención a estos crecientes llamamientos para detener el derramamiento de sangre. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional declaró en 2019 que, tras tres años de campaña del presidente Duterte contra las drogas ilegales, «la ‘guerra contra las drogas’ sigue siendo una empresa de asesinatos a gran escala por la que los pobres siguen pagando el precio más alto» y se une a los llamamientos para que la comunidad internacional inicie urgentemente una investigación sobre estos asesinatos antes de que la nación se ahogue en sangre.

El Estatuto de Roma y la Corte penal internacional

En medio de las alabanzas a la “guerra contra las drogas” de Duterte, gran parte de la ciudadanía se ha dado cuenta de que esta carnicería tiene que terminar.

En abril de 2017, el abogado Jude Sabio y sus clientes se hartaron de las matanzas y de la incapacidad y falta de voluntad del Estado para detener la sangrienta campaña de la “guerra a las drogas” y acudieron directamente a la comunidad internacional para refugiarse.

El Estatuto de Roma en derecho internacional creó la Corte Penal Internacional (CPI) para tener jurisdicción sobre los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional. La creación de este tribunal independiente y permanente, vinculado a las Naciones Unidas, es a la vez un reconocimiento del hecho de que millones de personas han sido víctimas de crímenes atroces que están más allá de la conciencia de la humanidad y una afirmación de que tales crímenes no quedarán impunes y se evitarán a toda costa poniendo fin a la cultura de la impunidad.

Con grandes esperanzas de enjuiciamiento y rendición de cuentas, el abogado Jude Sabio demandó al presidente Duterte y a otros 11 funcionarios filipinos ante la CPI por asesinatos masivos que constituyen crímenes de lesa humanidad por los miles de asesinatos cometidos en el marco de la campaña estatal contra las drogas ilegales. La denuncia se basa en las directrices del presidente Duterte a la policía para que dispare y mate a los sospechosos de tráfico de drogas, en sus reconocimientos de haber cometido ejecuciones extrajudiciales, así como en las declaraciones de testigos que anteriormente formaron parte del Escuadrón de la Muerte de Duterte (DDS) en la ciudad de Davao, que actuó siguiendo las órdenes del entonces alcalde Duterte de liquidar a los sospechosos de tráfico de drogas en la ciudad.

La respuesta de Filipinas a la denuncia fue poco menos que inesperada: retirarse del Estatuto de Roma. El 15 de marzo de 2018, el gobierno filipino se retiró oficialmente del Estatuto de Roma mediante una nota verbal dirigida a las Naciones Unidas, en la que afirmaba que esa decisión es «una postura de principios» contra quienes «tratan de socavar el gobierno [filipino] y que se han infiltrado con éxito en la comunidad de derechos humanos y han convertido en armas los mecanismos de protección de los derechos humanos para avanzar en su objetivo de derrocar a nuestro gobierno democráticamente instalado». Sin embargo, seguía confiando en que «no hay ningún delito ni responsabilidad de la que hablar, ya que la campaña [del gobierno] contra las metanfetaminas y otros estupefacientes es una operación legítima de aplicación de la ley diseñada para proteger a todos los filipinos y defender el Estado de derecho».

Pero la maniobra de Filipinas para eludir la responsabilidad mediante la retirada del Estatuto de Roma no fue del todo pensada, ya que la CPI expresó que, a pesar de la retirada, la Corte mantiene su jurisdicción sobre Filipinas por los crímenes de lesa humanidad que se hayan podido cometer en el territorio mientras aún era parte del Estatuto. En una declaración oficial en respuesta a la retirada de Filipinas del Estatuto, «la retirada del Estatuto de Roma es una decisión soberana, que está sujeta a las disposiciones del artículo 127 de dicho Estatuto. La retirada se hace efectiva un año después del depósito de la notificación de retirada al secretario general de las Naciones Unidas. La retirada no tiene ninguna repercusión en los procedimientos en curso o en cualquier asunto que ya estuviera siendo examinado por la Corte antes de la fecha en que la retirada se hizo efectiva, ni en el estatus de cualquier juez que ya estuviera sirviendo en la Corte»11.

11. “ICC Statement on The Philippines’ notice of withdrawal: State participation in Rome Statute system essential to international rule of law”, March 20, 2018, accessible at: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1371#:~:text=Withdrawing%20from%20the%20Rome%20Statute,the%20United%20Nations%20Secretary%2DGeneral.

The Philippines’ response to the complaint was nothing short of unexpected: Withdrawal from the Rome Statute.

Esta declaración de la CPI provocó una serie de acciones: enfureció al gobierno filipino, hasta el punto de que el presidente Duterte llegó a amenazar con arrestar a la entonces fiscal Fatou Bensouda o a cualquiera de las funcionarias de la Corte a su entrada en Filipinas con fines de investigación. Por otro lado, son muchas las personas que creen que una investigación de la CPI es un paso urgente y significativo para procesar a Duterte por sus crímenes contra la humanidad, ya que las mismas narrativas para justificar los asesinatos y la violencia en la “guerra contra las drogas” se utilizan ahora en los asesinatos de activistas y defensoras de los derechos humanos en las operaciones de contrainsurgencia de la policía y el ejército.

Ante la petición de la ex fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, de abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en la guerra contra el narcotráfico, las familias de las víctimas de la “guerra contra las drogas”, lideradas por Rise Up for Life and for Rights, junto con sus asesores jurídicos de la NUPL (National Union of People´s Lawyers) presentaron en agosto de 2018 sus alegaciones como parte del proceso de representación de víctimas de la CPI, junto con presentaciones sobre las opiniones de las víctimas y los familiares, antes de que la Sala de Cuestiones Preliminares decida si el tribunal aprobará o no la solicitud de la Fiscalía para investigar los asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos en la “guerra contra las drogas”.

El 15 de septiembre de 2021, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI concedió la solicitud de investigación en Filipinas citando “fundamentos suficientes” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad de asesinato en el territorio de Filipinas entre 2016-2019 en el contexto de los asesinatos en el marco de la campaña contra las drogas ilegales. Además, la Sala de Cuestiones Preliminares observó que estas circunstancias siguen el mismo patrón que los asesinatos que se registraron en la ciudad de Davao durante los años 2011 a 2016, cuando el presidente Rodrigo Duterte era el alcalde de la ciudad, por lo que estos incidentes también se incluyen en la investigación.

Se trata de una noticia muy positiva para las familias de las víctimas mortales de la guerra contra las drogas del presidente Duterte, ya que podría ser la única forma de obtener justicia por el brutal asesinato de sus familiares. Las organizaciones de derechos humanos del país y del ámbito internacional también elogiaron a la CPI por esta resolución, ya que no sólo pondrá a prueba el papel y los objetivos de la Corte, sino que también creará un precedente de que, por muy invencible que uno se crea, tarde o temprano, el largo brazo de la ley le alcanzará y la justicia prevalecerá.

Desde entonces, la Oficina del Presidente ha estado insistiendo en que la Corte no tiene poder para investigar a Filipinas en el tema de la guerra contra las drogas, ya que el sistema judicial del país está supuestamente establecido y continuar con la investigación sería contrario al principio de complementariedad del derecho internacional.

Nunca en sus declaraciones Duterte mostró un poco de remordimiento por los miles de asesinatos. En su último SONA de julio de 2021, incluso se burló de la Corte Penal Internacional y reiteró su política de Estado de asesinatos en masa en su falsa guerra contra las drogas y su campaña de contrainsurgencia.

Pero como los motivos para la investigación son evidentes, y las peticiones de enjuiciamiento aumentan, el gobierno filipino se sintió presionado, quizá incluso amenazado. Tanto es así que presentó ante el Tribunal una solicitud de aplazamiento de su investigación, ya que, supuestamente, el sistema de justicia filipino está trabajando y el Departamento de Justicia está pisando los talones para investigar a los policías que participaron en los asesinatos.

En una carta fechada el 10 de noviembre de 2021, el embajador de Filipinas en los Países Bajos, el Sr. Eduardo Malaya, informó al Tribunal de que Filipinas está investigando o ha investigado 52 casos de redadas contra las drogas que fueron llevadas a cabo por la PNP y/o la PDEA entre 2016 y 2021 y que resultaron en muertes. Estas investigaciones supuestamente demuestran que Filipinas está «comprometida con el Estado de Derecho» y que tiene «la más alta consideración por el debido proceso» para garantizar el éxito del enjuiciamiento contra los agentes de policía que cometen errores. Por lo que en esta premisa, argumentó el gobierno, la investigación en la CPI debe ser aplazada.

En su respuesta, el fiscal de la CPI, Karim Khan, suspendió temporalmente su investigación sobre Filipinas de acuerdo con el reglamento de la Corte, pero aclaró que solicitará información adicional al gobierno filipino para evaluar el alcance y el efecto de la solicitud de aplazamiento, y para determinar si continúa con la investigación de la Corte. Dicha información, añadió, «debe consistir en pruebas tangibles, de valor probatorio y con un grado significativo de especificidad» que demuestren las medidas concretas, progresivas y genuinas adoptadas por el gobierno filipino para determinar la responsabilidad de las personas que entran en el ámbito de la investigación de la Corte. Mientras tanto, su oficina seguirá analizando la información que ya está en su poder, así como continuará recibiendo nueva información de terceros y preservando las pruebas de que dispone.

Esta cadena de acontecimientos ha suscitado diferentes puntos de vista, especialmente entre quienes impulsan la investigación. Algunos dicen que el aplazamiento quita ese tenue rayo de esperanza que la investigación ha dado a las víctimas de la “guerra contra las drogas” y a sus familias. La Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL) denunció esta solicitud de aplazamiento del Gobierno filipino afirmando que «esta acción tardía por parte del Gobierno filipino no es más que un intento de blanquear su programa insignia, empapado de sangre«, señalando el desmesurado retraso en la realización de las investigaciones tras 5 años de despiadados asesinatos.

CenterLaw también observó que el gran número de casos que se están investigando está «más lejos de la verdad» si se tiene en cuenta los miles de muertes cometidas por las autoridades policiales. Por otro lado, el ex senador Antonio Trillanes III no se mostró consternado por la decisión de la Fiscalía de aplazar la investigación, diciendo que es parte del proceso. Hasta cierto punto, insinuó que dicho aplazamiento llevará a la Corte a darse cuenta de que la supuesta investigación que está llevando a cabo el gobierno filipino es «sólo parte del encubrimiento del presidente Duterte» para evadir la responsabilidad, y por lo tanto, continuar con su mandato en lo que respecta a Filipinas.

Resolución A/44/22 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Muy preocupada por la situación de los derechos humanos en Filipinas, en particular por la Guerra contra las Drogas, Islandia presentó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que pedía una investigación sobre Filipinas. Con motivo del 44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado del 15 de junio al 3 de julio de 2020, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas, en el que evaluaba una multitud de cuestiones generales de derechos humanos relacionadas con la campaña contra las drogas ilegales, a saber: El debido proceso legal en lo que se refiere a las visitas domiciliarias de las autoridades policiales y las amenazas de estas últimas de ser procesadas si no se les permite el acceso a la vivienda y el derecho a no autoinculparse que conduce a las detenciones:

16. Las visitas a las casas plantean importantes preocupaciones en cuanto al respeto de las garantías procesales, ya que el procedimiento no requiere órdenes de registro ni de detención y puede realizarse por el único motivo de que una persona figure en una “lista de vigilancia de drogas”. Los funcionarios de los barangays recopilaron listas de presuntas “personalidades de la droga” y las transmitieron a la policía12. Las personas no tenían ningún recurso legal para impugnar su inclusión en la lista13. De acuerdo con datos de la policía, de las 42.286 operaciones policiales contra las drogas ilícitas realizadas en el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de noviembre de 2017, solo 507 (el1,2%) se basaron en una orden de detención14. Además de las listas de los barangays, el presidente publicó “narcolistas” de funcionarios públicos supuestamente implicados en el tráfico de drogas.15

17. En las visitas a las casas se obligaba sistemáticamente a los sospechosos a hacer declaraciones autoincriminatorias; de no hacerlo, podían enfrentarse a una fuerza letal. En la Circular núm. 16-2016 se alentaba la “entrega voluntaria”, pero solo se mencionaba el acceso a un abogado en los casos en que la persona hubiera aceptado inculparse, lo que exponía a las personas a la presión y la intimidación. Si alguien denegaba la visita a su domicilio —incluso sin una orden de registro o detención—, ello daba lugar a que se incoara inmediatamente una causa contra la persona en cuestión y a que se realizara una “negación”.

19. El Gobierno niega que exista una política de matar a las personas que consumen drogas y afirma que todas las muertes se producen durante operaciones policiales legítimas16. Según el Organismo de Fiscalización de la Droga de Filipinas, entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de enero de 2020 la policía mató a 5.601 personas17. El ACNUDH no pudo verificar este número de forma independiente. Varios organismos públicos han publicado cifras contradictorias18 y se han mostrado reacios a entregar al Tribunal Supremo y a la Comisión de Derechos Humanos documentos relativos a los asesinatos19.

20. También hay informes de asesinatos generalizados relacionados con las drogas perpetrados por “grupos de autodefensa” no identificados. En el informe de la Administración de finales de 2017 se mencionan 16.355 “casos de homicidio en proceso de investigación” como logros en la lucha contra las drogas ilegales20. Esto llevó al Tribunal Supremo a plantear la posibilidad de que los asesinatos estuvieran promovidos por el Estado21. Observando que las operaciones antidroga de la policía y los homicidios perpetrados por personas no identificadas habían provocado 20.322 muertes entre el 1 de julio de 2016 y el 27 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo exigió una explicación para el elevadísimo número de muertes, de casi 40 al día en promedio22. En marzo de 2019, la policía afirmó que, si bien 29.000 muertes fueron calificadas de “muertes bajo investigación” entre el 1 de julio de 2016 y el 4 de febrero de 2019, solo3.062 (el 9,47%) estaban relacionadas con las drogas23. Sin embargo, en un estudio anterior se había determinado que el porcentaje de homicidios que, según informaciones de la policía, guardaba relación con las drogas era muy inferior al real24.

21. Entre el 1 de junio de 2016 y el 21 de abril de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del país documentó que en el contexto de la campaña contra las drogas ilícitas se mató a 73 niños (62 varones y 11 niñas)25, si bien estas cifras no son exhaustivas. La víctima más joven tenía 5 meses.

22. En última instancia, el ACNUDH no puede verificar el número de ejecuciones extrajudiciales sin una mayor investigación. A juzgar por la información examinada, los asesinatos relacionados con la campaña contra las drogas ilícitas parecen tener un carácter generalizado y sistemático. La cifra más conservadora, basada en datos del Gobierno, sugiere que desde julio de 2016 han sido asesinadas 8.663 personas, mientras que otras estimaciones llegan a triplicar esa cifra. Esto ilustra claramente que se necesita un sistema transparente e integral de presentación de informes sobre los datos relativos a los asesinatos cometidos por agentes estatales y no estatales.

Además, el Alto Comisionado se pronunció sobre la privación arbitraria de la vida por parte de actores estatales a través de la narrativa «nanlaban» en consonancia con los principios básicos del uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a saber

18.Los términos “negación” y “neutralización” de las “personalidades de la droga” aparecen a lo largo de toda la Circular núm. 16-2016. Ese lenguaje mal definido y ominoso, junto con las reiteradas expresiones de aliento de los funcionarios estatales de más alto nivel a utilizar la fuerza letal26, puede haber envalentonado a la policía y hecho que considere la circular como un permiso para matar. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la privación arbitraria de la vida27. Cuando lleven a cabo operaciones de represión y hagan uso de la fuerza, los funcionarios del Estado deben atenerse a principios fundamentales, que incluyen el ejercicio de la moderación, el uso de una fuerza proporcionada estrictamente cuando sea necesario y el despliegue de una fuerza letal solo como último recurso en casos extremos28.

18. The terms “negation” and “neutralization” of “drug personalities” appear throughout Circular No. 16-2016. Such ill-defined and ominous language, coupled with repeated verbal encouragement by highest-level State officials to use lethal force,26 may have emboldened the police to treat the circular as permission to kill. International human rights law prohibits arbitrary deprivation of life.27 When conducting law enforcement operations and using force, State officials must abide by key principles, which include exercising restraint, using proportionate force strictly where necessary, and only deploying lethal force as a last resort in extreme cases.28

23.Los informes policiales divulgados ante el Tribunal Supremo ofrecen detalles de la realización de 22 operaciones antidrogas en las que murieron 29 personas, todas ellas en sus domicilios29. Excepto en un caso, la policía llevó a cabo las operaciones sin orden judicial. Los planes elaborados por la policía antes de las operaciones preveían la “detención inmediata” y la “neutralización” de las personas blanco de la operación. En los informes realizados inmediatamente después de las operaciones, se afirmaba que los objetivos habían sido asesinados después de resistirse. Sin embargo, dichos informes empleaban un lenguaje sorprendentemente similar para describir lo que presuntamente cada una de las víctimas había dicho (“putang ina mo pulis ka pala”, que se traduce aproximadamente como “así que eres policía, hijo de puta”) y hecho (“el sospechoso desenfundó su arma y disparó a los agentes de policía, pero falló”), lo que suscitaba dudas sobre si los informes solo se presentaban de manera formal. Los informes se refirieron explícitamente al asesinato de cinco individuos como “neutralización”. De las 29 personas asesinadas, 23 estaban en la lista de vigilancia de drogas.

24.El ACNUDH examinó los informes de la policía sobre otras 25 operaciones en las que 45 personas habían sido asesinadas en el área metropolitana de Manila entre agosto de 2016 y junio de 2017. La policía se había referido a 34 de estos asesinatos como “neutralización”. En todas las escenas del crimen, la policía afirmó haber recuperado bolsas de metanfetamina y armas de fuego supuestamente utilizadas por las víctimas para resistirse a los agentes de policía. Sobre la base de esos informes, el ACNUDH constató que la policía se había incautado repetidamente de armas con el mismo número de serie de víctimas distintas en lugares diferentes. El ACNUDH identificó siete armas de mano con números de serie únicos. Cada pistola apareció en al menos dos escenas del crimen distintas, mientras que dos armas de fuego reaparecieron en cinco escenas de crímenes diferentes. La pauta sugiere que los agentes de policía colocaron pruebas y pone en duda la versión de la legítima defensa, lo que implica que es probable que las víctimas estuvieran desarmadas cuando fueron asesinadas.

27.Para justificar la falta de enjuiciamientos, la policía ha invocado una “presunción de regularidad” en la realización de operaciones30. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha observado que la policía no puede alegar una presunción de regularidad en las funciones oficiales porque durante una operación policial no deberían producirse muertes.31

Karapatan subrayó que varios expertos independientes de la ONU han expresado desde entonces su preocupación por los numerosos ataques contra las defensoras de los derechos humanos filipinos, los últimos de los cuales han sido expresados por expertas independientes como la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet y el Subsecretario General de Derechos Humanos.

La Relatora Especial de la ONU, Mary Lawlor, declaró en su informe de marzo de 2021 que las difamaciones, incluyendo el red-tagging, es una amenaza de muerte específica del contexto en Filipinas y, por tanto, ha recomendado que se promulguen leyes que protejan a las defensoras contra estos actos.

12. Junta de Drogas Peligrosas, Reglamento de la Junta núm. 2 (2007), art. 1 a). En 2008, el Relator Especial recomendó que se suprimiera esa función. Véase A/HRC/8/3/Add.2, párr. 68 b).
13. Peticionarios c. Dela Rosa y otros, notificación de resolución, Tribunal Supremo, 3 de abril de 2018, págs. 32 y 33.
14. Peticionarios c. Dela Rosa y otros, memorando complementario de los peticionarios, Tribunal Supremo, 21 de octubre de 2019, págs. 26 y 27.
15. Véase https://pcoo.gov.ph/news_releases/president-duterte-bares-names-of-narco-politicians/.
16. Peticionarios c. Dela Rosa y otros, notificación de resolución, págs. 6 y 9.
17. Organismo de Fiscalización de la Droga de Filipinas, #RealNumbersPH, 31 de enero de 2020.
18. Véase https://dahas.upd.edu.ph/database/.
19. Véanse www.rappler.com/nation/181519-duterte-order-pnp-chr-refuse-share-case-folders y http://bbc.com/news/world-asia-49203752. Véase también Peticionarios c. Dela Rosa y otros, notificación de resolución, pág. 45.
20. Informe de fin de año de la Administración Duterte: 2017, pág. 22.
21.Peticionarios c. Dela Rosa y otros, notificación de resolución, pág. 48.
22. Ibid.
23. Véase www.philstar.com/nation/2019/03/06/1898959/29000-deaths-probed-drug-war-launched.
24. Véase https://data.world/stabile-center/ph-drug-war.
25. Comunicación de la Comisión de Derechos Humanos, 5 de mayo de 2020.
26. Véase https://www.philstar.com/headlines/2016/07/02/1598740/duterte-pnp-kill-1000-ill-protect-you.
27. Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), relativa al derecho a la vida, párrs. 4 y 11.
28. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley, art. 5 a) y b).
29. Peticionarios c. Dela Rosa y otros, memorando adicional, pág. 3
30. Reunión con representantes gubernamentales, 13 y 14 de febrero de 2020.
31.Peticionarios c. Dela Rosa y otros, notificación de resolución, pág. 47

El red-tagging es una amenaza de muerte específica del contexto de Filipinas

En octubre de 2022 está previsto que Filipinas se someta al Examen Periódico Universal (UPR), en el que se comprobará hasta qué punto el país ha mejorado, si es que lo ha hecho, en el respeto y la promoción de los derechos humanos de sus ciudadanos, a la luz de las recomendaciones de otros Estados miembros en las anteriores sesiones del UPR y de los informes de las organizaciones de la sociedad civil sobre el terreno.

La Unión Europea

Desde 2016, el Parlamento Europeo ha emitido cuatro (4) resoluciones sobre Filipinas en las que destacan las violaciones de los derechos humanos en la Guerra contra las Drogas, así como en las campañas de contrainsurgencia y antiterrorismo. El Parlamento expresa su más profunda preocupación por los miles de asesinatos cometidos en el marco de la Guerra contra las Drogas de Duterte y pide una investigación inmediata e independiente al respecto. Aunque entiende la necesidad de abordar los problemas de la drogodependencia en Filipinas, el Parlamento insta al Gobierno de Filipinas a respetar los derechos humanos básicos del pueblo filipino al hacerlo y a poner fin a la actual ola de ejecuciones extrajudiciales. Sigue apoyando a la Corte Penal Internacional en la realización de la investigación sobre este asunto, y pide al Gobierno filipino que coopere con la Corte y reconsidere su anterior decisión de retirarse del Estatuto de Roma.

En su reciente resolución, el Parlamento toma nota de la práctica del «red-tagging«, que sigue dando lugar a asesinatos, amenazas, detenciones sin orden judicial y acoso contra las defensoras de los derechos humanos, las defensoras del medio ambiente, sindicalistas y periodistas que tratan de exponer las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno filipino, y pide la abolición del Grupo de Trabajo Nacional para Acabar con el Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC) que lleva a cabo esta práctica mortal.

Además, el Parlamento reconoce que la promulgación de la Ley Antiterrorista de 2020 ha institucionalizado el «red-tagging» y, por tanto, pide que se reconsidere dicha ley para adaptarla a las normas internacionales de lucha contra el terrorismo, recordando que el ejercicio de los derechos civiles y políticos nunca es un acto de terrorismo.

El Parlamento llegó incluso a afirmar que Filipinas podría ser retirada temporalmente de su Sistema de Preferencias Generalizadas+ (SPG+) en caso de que no cumpla o se niegue a cumplir sus obligaciones en virtud de la legislación y los tratados internacionales sobre derechos humanos, ya que su cumplimiento es un requisito previo para la inclusión de un Estado en dicho sistema.

Antes de las elecciones nacionales de mayo de 2022, el Parlamento Europeo también advirtió del aumento de los casos de campañas de desprestigio, odio y desinformación y del surgimiento de «ejércitos de trolls» en el ciberespacio filipino, por lo que pidió al Gobierno filipino que «redoble sus esfuerzos para garantizar unas elecciones justas y libres y un entorno no tóxico para las campañas en línea y fuera de línea», ya que «lamenta que el Gobierno filipino no haya invitado a la UE a realizar una misión de observación independiente» sobre las próximas elecciones.

Además, pidió a sus Estados miembros y a sus representantes en Filipinas que sigan «dando prioridad al apoyo a la sociedad civil y que utilicen todos los instrumentos disponibles para aumentar su apoyo al trabajo de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente«.

USA

Al mismo tiempo que el régimen de Duterte se enfrenta a la investigación de la CPI, se ha vuelto a presentar en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley denominado Ley de Derechos Humanos de Filipinas. El 14 de junio, la representante del séptimo distrito del Congreso de Pensilvania, Susan Wild, reintrodujo la Resolución de la Cámara 3884, o «Una ley para suspender la provisión de asistencia de seguridad a Filipinas hasta que el Gobierno de Filipinas haya realizado ciertas reformas en las fuerzas militares y policiales, y para otros fines». El proyecto de ley está copatrocinado inicialmente por 11 miembros del Congreso de Estados Unidos. La anterior resolución de la Cámara de Representantes, HR 3884, que se presentó el año pasado, citaba datos de Karapatan que afirmaban que «hasta abril de 2020, la Alianza para el Avance de los Derechos del Pueblo («Karapatan») ha documentado 308 ejecuciones políticas extrajudiciales, 439 víctimas de intentos de asesinatos por motivos políticos, 214 víctimas de tortura, alrededor de 2.500 víctimas de detenciones ilegales, más de 100.000 víctimas de amenazas y acosos, y casi medio millón de refugiados internos bajo la administración Duterte«.

La ayuda militar y policial del gobierno estadounidense a Filipinas durante los últimos cinco años se ha utilizado para reforzar los fondos destinados a armar a las fuerzas estatales del país para llevar a cabo su campaña de contrainsurgencia y la “guerra contra las drogas”. El Comité Internacional para los Derechos Humanos en Filipinas dijo que, desde 2016, Estados Unidos ha proporcionado 550 millones de dólares en ayuda militar a Duterte y ha aplicado míseras restricciones y supervisión de los derechos humanos.

La ley, si se aprueba, estará en vigor más allá del mandato de Duterte y podrá utilizarse para examinar el cumplimiento del gobierno filipino de sus obligaciones en materia de derechos humanos. La disminución o eventual pérdida de la ayuda militar y policial de EE.UU. es un fuerte mensaje del pueblo estadounidense de que no tolerará el uso de sus impuestos para perpetuar las violaciones de derechos en Filipinas.

VI. La lucha contra la cultura de la impunidad

Los incentivos y la protección especial que el Presidente Duterte ofrece a los agentes de policía, los recursos ineficaces para la rendición de cuentas y la connivencia de las fuerzas e instituciones del Estado para reprimir la disidencia y la crítica conforman la cultura de la impunidad y, por tanto, hacen que la justicia en Filipinas sea aún más difícil de alcanzar.

Incluso la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, incluye su análisis sobre esta Cultura de la Impunidad en su informe a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así:

28. El Gobierno también afirma que los organismos encargados de hacer cumplir la ley son incapaces de investigar los asesinatos en ausencia de denuncias privadas32. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Filipinas está obligada a establecer normas y procedimientos para la notificación, el examen y la investigación obligatoria de los incidentes letales y otros incidentes que pongan en peligro vidas humanas por parte de las autoridades policiales. Cuando haya denuncias de que conoce o debería haber conocido privaciones de la vida potencialmente ilegales, tiene el deber de investigar y, en su caso, procesar a los autores.33

29. Los familiares -en su mayoría mujeres- de las víctimas, así como las abogadas y periodistas entrevistados por el ACNUDH, citaron numerosos obstáculos para documentar los casos y hacer justicia. Entre ellos figuraban la vigilancia, el acoso, las amenazas, la intimidación, la falta de educación, la falta de protección de los testigos y las víctimas, un sentimiento de impotencia ante las declaraciones oficiales que alentaban los asesinatos, la falta de voluntad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigar y la renuncia de los jueces a examinar críticamente los casos relacionados con las drogas.34 Las familias entrevistadas por la Comisión de Derechos Humanos del país también expresaron su temor por la seguridad de los familiares, el estigma, los limitados recursos económicos y las apremiantes necesidades básicas de los miembros del hogar -especialmente los niños- como razones para no emprender acciones legales.35 Las garantías públicas del Presidente de proteger a los agentes de policía incluso si matan a 1.000 personas mientras están de servicio36 han disuadido a las víctimas de recurrir a la justicia, y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de investigar los asesinatos.

30. Las comunicaciones recibidas por el ACNUDH también sugieren una impunidad generalizada en los asesinatos relacionados con las drogas cometidos por personas no identificadas y describen la inquietante familiaridad de los autores enmascarados con los lugares y las víctimas, lo que sugiere su posible connivencia con la policía y los funcionarios del gobierno local en algunos casos.37

La cultura de la impunidad que ha cultivado la Administración Duterte es lo que hay que desmantelar de inmediato, especialmente a la luz de los resultados de las elecciones nacionales del 9 de mayo de 2022, si se quiere lograr la justicia y la paz en Filipinas. Para los altos cargos de Presidente y Vicepresidente, el pueblo filipino se enfrenta a dos fuertes tándems contendientes: el de Robredo-Pangilinan, y el de Marcos-Duterte.

La ex vicepresidenta Leonor «Leni» Robredo lideró la campaña rosa contra el bando rojo de Ferdinand «Bong-bong» Marcos, Jr. No es la primera vez que estos dos luchan por el mismo puesto: en las elecciones de 2016, tanto Robredo como Marcos Jr. compitieron por la vicepresidencia. Incluso después de que Robredo fuera aclamada como ganadora, Marcos Jr. no dejó de cuestionar su derrota hasta hace muy poco, cuando el Tribunal Supremo dictaminó la victoria de Robredo con carácter definitivo. Este año, Robredo volvió a enfrentarse a Marcos Jr, pero esta vez por la Presidencia. Durante las campañas, la tensión entre los dos bandos aumentó a medida que se acercaba el día de las elecciones.

Para el puesto de vicepresidente, el ex senador Francisco «Kiko» Pangilinan se presentó al lado de Robredo, mientras que la ex alcaldesa de la ciudad de Davao e hija del presidente Rodrigo Duterte, Sara Duterte-Carpio, apoyó a Marcos. No fue una sorpresa entonces que Duterte-Carpio liderara la carrera y ganara.

While other candidates eyed on the presidency and vice-presidency, it became clearer by the day that the fight for these two top positions was between the Leni-Kiko tandem on one hand, and the Marcos-Duterte on the other.

Mientras que otros candidatos aspiraban a la presidencia y la vicepresidencia, cada día estaba más claro que la lucha por estos dos puestos principales era entre el tándem Leni-Kiko, por un lado, y el Marcos-Duterte, por otro.

No obstante, se hizo un llamamiento para boicotear al tándem Marcos-Duterte, ya que su victoria consolidaría aún más la cultura de la impunidad de las dos familias y sus compinches. Con las condenas de los Marcos por soborno y corrupción, por impago de impuestos y por las atrocidades cometidas durante la época de la Ley Marcial del difunto dictador Ferdinand Marcos la victoria del más joven de los Marcos difuminará, si no erradicará, estas manchas en su nombre. Por otra parte, la investigación del presidente Rodrigo Duterte en la Corte Penal Internacional puede quedar oculta bajo la alfombra ahora que Sara Duterte-Carpio ha sido elegida vicepresidenta.

El regreso de los Marcos y la permanencia de los Duterte en la política de alto nivel significará también la continuación de las políticas antipopulares, y la sangrienta “guerra contra las drogas”, y las draconianas campañas de contrainsurgencia, lo que presenta un oscuro futuro para la reanudación de las conversaciones de paz con el Partido Comunista de Filipinas.

Teniendo en cuenta el alto nivel de fraude y violencia en las elecciones, se pusieron en marcha campañas de misiones de observación internacionales y locales para intentar garantizar la celebración de unas elecciones justas y pacíficas. Grupos como la Coalición Internacional de Derechos Humanos en Filipinas y el Movimiento Nacional de Ciudadanos por unas Elecciones Libres y muchos otros se pusieron en marcha para vigilar de cerca los procesos electorales del 9 de mayo de 2022 y sus consecuencias.

32. Reunión con representantes del gobierno, 13 y 14 de febrero de 2020.
33. Véase Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), párrs. 13 y 27-29. Véase también el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
34. Entrevistas del ACNUDH, 24 y 26-27 de febrero y 4 de marzo de 2020
35. Panaghoy, pág. 39.
36. Véase www.philstar.com/headlines/2016/07/02/1598740/duterte-pnp-kill-1000-ill-protect-you.
37. United Nations Human Rights Council Resolution A/44/22 accessible at: https://digitallibrary.un.org/record/3879531?ln=en

VII. Conclusión y recomendaciones

Tras el sangriento sexenio de Duterte, Filipinas ha abierto un nuevo capítulo con la elección, el pasado 9 de mayo, del tándem MarcosDuterte como presidente y vicepresidenta, respectivamente. Desgraciadamente, la época que se avecina no parece nada nueva en lo que a derechos humanos se refiere. Sabemos que el terrorismo de Estado se define por las políticas de Estado y que las políticas de Estado están influidas por el poder, la codicia y los intereses egoístas. Las dos familias que ostentarán el poder durante los próximos seis años no renunciarán, sin duda, a sus privilegios y prácticas corruptas mientras dirigen el país. Se espera que impulsen aún más y refuercen el fuerte sistema construido por el padre de Marcos, profundizado por Rodrigo Duterte, que funciona en beneficio de unos pocos y en contra de las libertades básicas y los derechos humanos del pueblo.

No obstante, hay que dar al nuevo Gobierno filipino el beneficio de la duda para:

  • liberar a todos los presos políticos,
  • investigar todos los crímenes y violaciones cometidos en los últimos seis años, para que los autores de los abusos rindan cuentas,
  • cooperar con la investigación de la CPI,
  • acatar la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y participar en el próximo Examen Periódico Universal el próximo octubre de 2022 en Ginebra
  • poner fin al “red-tagging
  • volver a la mesa de negociaciones con el CPP-NPA/NDF para un proceso pacífico y una solución al conflicto en curso

Al Gobierno de Cataluña y al Gobierno de España, nos gustaría recomendar:

  • Instar al gobierno de Filipinas a poner fin a las violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de la llamada «guerra contra las drogas», y a las persecuciones sistemáticas contra las defensoras de los derechos humanos víctimas del «red-tagging» que el gobierno filipino está llevando a cabo.
  • Apoyar las conclusiones del informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos adoptado en la 44ª sesión de junio de 2020; trabajar junto con los Estados que votaron a favor de la Resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 19 de julio de 2019, para reforzar dicha Resolución de «cooperación técnica» con el fin de darle un contenido más exigente en cuanto a las obligaciones de derechos humanos que incumben al estado filipino.
  • Instar al gobierno filipino a admitir una misión sobre el terreno, coordinada por la ONU, tal y como han solicitado reiteradamente los países miembros del Consejo de Derechos Humanos, a los que hasta la fecha se les ha negado la entrada en territorio filipino.
  • Instar a Filipinas a participar en el Examen Periódico Universal en Ginebra el próximo octubre de 2022.
  • Pedir al gobierno de Filipinas que revoque su decisión de retirarse del Estatuto de Roma, que coopere plenamente con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su investigación de la situación en el país, y que mejore urgentemente los instrumentos nacionales que garantizan la seguridad de los testigos y mediadores, así como su financiación.
  • Promover, en sus relaciones bilaterales con el gobierno de Filipinas, la construcción de la paz en el estado filipino.

A la Unión Europea:

  • Hacemos un llamamiento a las instituciones de la UE para que se atengan a los valores fundamentales de la UE de respeto a los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el estado de derecho, y denuncien las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en Filipinas y apoyen los mecanismos de rendición de cuentas de los autores de estas violaciones y de reparación de los daños a las víctimas.
  • Les instamos a que apoyen a la CPI para que lleve a cabo de forma efectiva su investigación sobre Filipinas, y a que ayuden de cualquier forma a las víctimas de la “guerra contra las drogas” y a sus representantes legales para que puedan participar plenamente y sin miedo en la investigación.
  • Instamos a la Comisión a que establezca puntos de referencia claros, públicos y con plazos para que Filipinas cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos en el marco del SPG+, y reiteramos enérgicamente nuestro llamamiento a la Comisión para que inicie inmediatamente el procedimiento que podría llevar a la retirada temporal de las preferencias del SPG+ si no hay una mejora sustancial y una voluntad de cooperación por parte de las autoridades filipinas;
  • Instamos a la Comisión a que active los mecanismos creados en el marco del Régimen Global de Sanciones de Derechos Humanos de la Unión Europea (RGDH de la UE) o «Ley Magnitsky europea», que permiten «congelar activos e imponer prohibiciones de viaje a individuos implicados en graves abusos de los derechos humanos», contra los miembros del Gobierno filipino.

A nuestros socios en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, en el trabajo de cooperación y desarrollo:

¡Haced ruido sobre Filipinas! Actuad en solidaridad con las defensoras de los derechos humanos y las fuerzas sociales y políticas progresistas sobre el terreno. Difundid sus mensajes, siendo sus portavoces a nivel internacional. Participad en la cooperación internacional y en el trabajo de promoción para dar a conocer la situación de las violaciones de los derechos humanos y las persecuciones contra las Defensoras en Filipinas.

VIII. Anexos:

1. United Nations Human Rights Council Resolution A/44/22 accessible at: https://digitallibrary.un.org/record/3879531?ln=en

2. “Situation in the Philippines: ICC Pre-Trial Chamber I authorises the opening of an investigation”, September 15, 2021, accessible at: https://www.icc-cpi.int/news/situation-philippines-icc-pre-trial-chamber-i-authorises-opening-investigation

3. European Parliament resolution on the recent human rights developments in the Philippines
(2022/2540(RSP)), accessible at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0097_EN.html

Más información:

Philippines: “If you are poor, you are killed”: Extrajudicial Killings in the Philippines’ “War on Drugs”, Amnesty International, January 31, 2017, accessible at:https://www.amnesty.org/en/documents/asa35/5517/2017/en/

“ License to Kill ” Philippine Police Killings in Duterte’s “Waron Drugs”, Human Rights Watch, March 2017, accessible at: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/philippines0317_insert.pdf

Duterte Killings Continue: State Terror & Human Rights in the Philippines
© International Coalition for Human Rights in the Philippines and IBON International 2018, accessible at: https://iboninternational.org/download/duterte-killings-continue-state-terror-and-human-rights-in-the-philippines/